La jueza del caso de los ERE de Andalucía: «Yo soy la titular»

«Yo soy la titular». Así de tajante se mostró Mercedes Alaya cuando le plantearon prorrogar el reparto de causas que regía en su juzgado -el de Instrucción número 6 de Sevilla- mientras estuvo de baja. Fue el 5 de marzo y acababa de regresar de seis meses de inactividad laboral obligada por las fuertes cefaleas que padecía (hasta estuvo hospitalizada, algo ha tenido que ver el estrés). Pero ella no acepta que la descarguen de trabajo ni ceder el control de los tres macroprocesos que lleva: los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía; las irregularidades en la venta de suelo y el delito societario cometidos por Mercasevilla; y el de Ruiz de Lopera, acusado de delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Betis. Precisamente, y pese a su inmaculada discreción, el nombre de la instructora saltó al primer plano de la actualidad cuando en julio del 2010 dictó un auto que apartaba a Lopera de la presidencia verdiblanca, y le impedía vender el club.

Por supuesto, hace poco más de diez días, se salió con la suya. Y no solo atropelló la intención de proseguir de la jueza titular pero sin plaza Ana Rosa Curra -que había asumido los ERE para disgusto de Alaya, con la que mantiene un viejo desencuentro o rivalidad: ambas son atractivas y de fuerte personalidad-, sino que nada más retomar el caso dio un ruidoso vuelco a la investigación y detuvo y encarceló a varios imputados.

Y es que con ella no cabe término medio, o se la odia o se la ama. Tiene un club de fans en Facebook con más de 6.000 seguidores, en cuya cuenta se leen mensajes de ánimo y de admiración en respuesta a cada paso que da en sus pesquisas y que van desde «¡olé tus cojones!», «¡a por ellos!», «eres mi heroína» a «¡qué belleza, qué elegante, es una diosa!»; sin olvidar las abundantes galerías de fotos. En el otro lado, los imputados temen su severidad y perseverancia. Ha habido campañas periódicas atacando su prestigio y tratando de vincularla al PP, como si atendiese la voluntad de sus dirigentes en la tenacidad de sus indagaciones, que acorralan al PSOE andaluz y al Gobierno regional de Griñán. Hasta Alfonso Guerra se dejó llevar por la tentación de ensuciar su nombre con insidias sobre supuestas relaciones sentimentales con cargos populares. En ciertos círculos socialistas bromeaban con la maleta que arrastra cada mañana cuando llega a la sede de los juzgados sevillanos, a la que apodaban sanzsonite, queriendo insinuar que en ella portaba el argumentario de Antonio Sanz, quien fue secretario general del PP andaluz durante la última campaña electoral autonómica -agria y capitalizada por la investigación y los autos de Alaya- y ahora es senador.

A punto de cumplir los 50 años, Mercedes Carmen Alaya Rodríguez (20 junio de 1963) se ha convertido en una jueza estrella. Quizá ayudada por la falta de rostros de glamur entre los imputados en el caso de los ERE -sin pantojas, bárcenas, correas, camps, blancos, urdangarines, fabras o pujoles-, en el que proliferan golfos, borrachos y cocainómanos de gruesas gafas de sol y medio pelo, doña Mercedes -como la llaman los funcionarios del juzgado- ha ocupado el altar de esta cruzada contra los corruptos, último residuo de las épocas de pelotazos, granujas y nepotismo al más puro estilo andaluz.

Ojos verdes, piel marmórea

Ella, en cambio, ojos verdes, piel marmórea, aparentemente frágil pero todo rigor y tesón, y con sus raíces familiares en Écija, se muestra escasamente sevillana aunque ha desarrollado casi toda su trayectoria profesional en la capital hispalense. A lo mejor esa imagen como de muñeca afrancesada la ha forzado a adoptar una pose distante, huidiza, enigmática, cortante para que se la tomase por fin en serio en un mundo laboral pensado por y para hombres.

Alaya ha tenido que conciliar y trabajar duro para sacar adelante su carrera. El primero de sus cuatro hijos nació cuando tenía 20 años, aún estudiaba en la facultad, y debió afrontar más tarde las oposiciones. Se estrenó mediáticamente poco después cuando la destinaron a Fuengirola y encausó y condenó al alcalde Sancho Adam (PSOE) por malversación. Su matrimonio con el prestigioso auditor Jorge Castro García también le ocasionó zozobras cuando la recusaron en el proceso de Mercasevilla porque él había actuado como consultor de la compañía de abastos. Le costó incluso recurrir a los tranquilizantes, pero la queja fue desestimada.

Con su hermetismo, impecable elegancia, cuidado aspecto físico y gesto serio, sin hablar ni una palabra con la prensa, solo con sus cortos paseos mañaneros -que alguien exagerando comparó con una pasarela de modas- entre el taxi y la entrada de los juzgados del Prado de San Sebastián, arrastrando el trolley en que se lleva la tarea a casa, ha hechizado al público con su delicadeza sin sonrisas, su larga melena suelta y sus frescos conjuntos de Mango. Dicen que ya en la facultad gustaba de llegar con retraso a la primera clase para cruzar el aula con estudiada y coqueta parsimonia.

Su frialdad y absoluta falta de cercanía está muy lejos, por ejemplo, de la bonhomía y sencillez un tanto desbordadas que exhibe el juez Castro -instructor del caso Urdangarin- cuando se encoge de hombros y levanta los brazos ante las cámaras como queriendo decir: «Qué le vamos hacer, es lo que hay». El paso firme y grácil de Alaya, con su probado poder de helada fascinación, nunca le permitirá esas concesiones a la grada.

Mientras afuera se mueve reservada, entre la timidez y la soberbia, en el interior perfecciona sus afilados interrogatorios, que la llevan a largos combates a fuego lento con los acusados, a quienes agota round a round arrinconándolos si es preciso hasta la madrugada. Los abogados defensores le reprochan sus excesos, agresividad, salidas de tono, su cruel inquisición, pero también le reconocen su valía, inagotable resistencia, integridad, gran memoria, puntillosidad y su capacidad de seducción. A estas alturas doña Mercedes domina sobradamente los tiempos y la escenificación.