La Junta de Andalucía señala a dos exconsejeros como culpables políticos de los ERE

El caso de los ERE falsos empieza a minar las defensas de la Junta de Andalucía que ve como el supuesto fraude de las prejubilaciones se convierte en constante ariete del PP. Y por vez primera desde que estalló el escándalo de corrupción el Gobierno autonómico parece no mostrar problemas en situar la responsabilidad política de la trama en los máximos responsables de la Consejería de Empleo entre el 2001 y el 2010, una postura aplaudida por uno de los socios del Ejecutivo, IU, de la que sin embargo los socialistas se han desentendido a nivel de partido al insistir, por el momento, en mantener la responsabilidad únicamente en el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero.

Fue la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, la que señaló a los exconsejeros José Antonio Viera, actualmente diputado en el Congreso, y Antonio Fernández, imputado ya en la causa y en libertad tras pasar cuatro meses en prisión preventiva. «Sin duda que tienen responsabilidad política como titulares de la consejería de Empleo durante el tiempo en el que supuestamente se cometieron las irregularidades», valoró.

Se trata de una opinión con la que en privado coinciden muchos socialistas que lamentan no haberles requerido en la comisión de investigación que desarrolló el Parlamento y que dejó el foco en Guerrero. Sin embargo, oficialmente, a lo máximo que se había llegado hasta el momento era al mensaje de que «las responsabilidades llegarán cuando tengan que llegar, en función de la razón y no del interés partidario», aventurado por el propio presidente andaluz José Antonio Griñán el pasado miércoles.

Más allá de poner en el punto de mira a los exaltos cargos, Martínez Aguayo recalcó en una entrevista de Canal Sur Televisión que el responsable «claro y directo» de todo el fraude es el exdirector general de Trabajo, al que definió como «el eslabón que permitió que toda la trama funcionase». Y rechazó cualquier sombra de duda sobre la gestión de la Consejería de Hacienda en aquella época, en la que ella ejercía de número dos de Griñán, subrayando que, al igual que el Ejecutivo regional, hizo su trabajo y «cuando detectó que había problemas sacó toda la artillería para poner las cosas en orden».

La postura de Aguayo contrasta con la del secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Cornejo, quien insistió en que su formación mantiene las responsabilidades políticas marcadas por la comisión de investigación, o lo que es lo mismo, en Guerrero.

Satisfacción de IU

Desde Izquierda Unida, por el contrario, se estima que la consejera les da la razón porque viene a avalar lo que señaló esta formación en la comisión parlamentaria, como recordó ayer el diputado de IU por Sevilla, José Luis Centella, quien aventuró que además de las políticas podrían depurarse responsabilidades penales contra ambos responsables de Empleo.