Sáenz de Santamaría anuncia la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El Gobierno mantiene abiertas negociaciones con CiU y con el PNV intentando que las formaciones nacionalistas retiren sus enmiendas de totalidad contra el proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que este jueves se somete a su primer examen en el Pleno del Congreso. Este proyecto, que llegó al Congreso el pasado mes de septiembre y que ha suscitado una veintena de comparecencias de expertos desde enero, ha sido objeto de diez enmiendas de totalidad que reclaman su devolución al Gobierno, presentadas por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, UPyD, el PNV y cuatro formaciones del Grupo Mixto: Amaiur, BNG, Compromís-Equo, y ERC (los independentistas catalanes han registrado además un texto alternativo con su propia propuesta legislativa en esta materia). Lo que pretende ahora el Gobierno, en unas negociaciones protagonizadas por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, es convencer a los nacionalistas catalanes y vascos de que retiren de la votación sus enmiendas de devolución.

La vicepresidenta y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

El Gobierno renuncia de esta forma -como pedía la oposición- a que sea un órgano estatal ya existente el que cumpla esa función, la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. «Siendo muy conscientes de la relevancia que la transparencia ha ido tomando en el debate público y la exigencia ciudadana, les anuncio la voluntad de transformarla en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con los perfiles de mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley», ha afirmado la vicepresidenta.

En la intervención con la que ha abierto el debate, la vicepresidenta ha confirmado la inclusión en su ámbito de aplicación de la Casa del Rey y ha destacado que ésta será «la primera Monarquía europea en someterse a una obligación legal de transparencia». También ha aceptado la inclusión de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que obtengan una financiación pública «relevante». A este respecto, ha ofrecido a la oposición un acuerdo para definir los porcentajes o cuantías mínimas de dinero público que se considera relevante.