El juez Castro investiga si Hacienda se equivocó con las fincas de la Infanta

La polémica arrecia a la espera de que la Agencia Tributaria reconozca, o no, que cometió un error a la hora de imputar a la infanta Cristina la venta de 13 inmuebles y fincas entre 2005 y 2006. Aunque Hacienda ha hecho saber, de manera informal, a los responsables del caso Nóos que todo podría tratarse de una confusión con el inusual NIF de la duquesa y que está comprobando dónde puede estar el origen de este galimatías, el magistrado José Castro ha decidido investigar por sí mismo qué pasa con este asunto.

Castro, mediante una providencia, ha ordenado a los cuatro registros de la propiedad que inscribieron las transacciones bajo sospecha -Alicante y Pilar de la Horadada, en Alicante; Almagro, en Ciudad Real: y Arenys de Mar, en Barcelona- que le remitan de inmediato las hojas registrales en las que se hicieron constar las enajenaciones, así como toda la vida catastral de esas propiedades con los cambios de titularidad de cada una de ellas en los últimos años.

Según el informe de Hacienda, la hija menor de don Juan Carlos, solo meses después de la compra del palacete de Pedralbes en Barcelona en 2004 por 5,8 millones de euros, fue «transmitente» (vendedora) de 13 propiedades que le proporcionaron unos ingresos de 1.435.603 euros. Se trata, de acuerdo a los datos facilitados por la Agencia Tributaria al Juzgado de Instrucción 3 de Palma, de fincas rústicas e inmuebles ubicados en las localidades alicantinas de Playa de San Juan, dos, y Pilar de la Horadada, cinco, en el pueblo ciudarealeño de Valenzuela de Calatrava, cinco, y uno en el municipio barcelonés de Calella. Esta última operación, afirma la Agencia Tributaria, habría sido la de mayor volumen de esos dos años, al vender la duquesa una casa de 315 metros cuadrados por 450.000 euros.

Los portavoces de la infanta insistieron hoy en que la hija menor del Rey ni nadie de su entorno ha tenido jamás nada que ver con esas propiedades. El propio letrado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, se mostró tranquilo y aseguró que «todo es un error» y «no hay nada» de lo que afirma Hacienda.

Pero no solo el juez se movilizó para aclara este entuerto, después de que varias de las personas que aparecen como «adquirientes» de los bienes reiteraran este lunes que no compraron a la duquesa de Palma los inmuebles y tierras manchegas, alicantinas y catalanas de los que habla la Agencia Tributaria. El fiscal del caso, Pedro Horrach, se puso hoy en contacto con los responsables de la Delegación Especial de Hacienda en Cataluña para que, cuanto antes, aclaren si todo se trata de un error.

El propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, explicó que la acusación pública estudiará a fondo el polémico informe de Hacienda para llegar hasta el fondo de esta controversia.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo desconocer el contenido de ese dossier, pero se mostró dispuesto a dar explicaciones «en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error».

Delicado mea culpa

Hacienda, desde luego, no descarta que los datos aportados al juzgado puedan ser erróneos, pero sus técnicos ya anticipan que, de haberse producido algún desliz, éste sería culpa de los registradores y notarios, que son los encargados de participar a la Agencia Tributaria todas las operaciones que realizan y los datos de las personas que en ellas intervienen.

Unas informaciones, explican, que no tienen obligación de comprobar de oficio porque ya viene refrendados por los «fedatarios públicos» que son los registradores y notarios. Desde Hacienda insisten en que los datos enviados a Castro son los que constan en los archivos vinculados con el NIF de la infanta, sin que haya mediado interpretación alguna.

El número de identificación fiscal de Cristina de Borbón, como el resto de miembros de la Familia Real, solo consta de dos dígitos, 00000014Z, lo que podría haber dado lugar a algún tipo de confusión.

Según fuentes del caso, para la Agencia Tributaria no va a ser fácil reconocer un error tan grave, aunque éste sea imputable a terceros por transmitir información no veraz. Lo que tendrá que explicar Hacienda es cómo siete y ocho años después de aquellas transacciones no había localizado ese presunto fallo, máxime cuando la Agencia Tributaria, al año siguiente de estas supuestas compraventas equivocadas, tenía que haber exigido a la presunta titular de esos bienes, Cristina de Borbón, que tributara por la venta de los mismos o justificara su reinversión en vivienda habitual. De haberlo hecho, apuntan los investigadores, Hacienda habría constatado la confusión en el ejercicio fiscal siguiente, como suele hacerlo en otros muchos casos, porque la infanta, de inmediato, habría alertado de la confusión.