El Gobierno busca a Duran como interlocutor catalán

El Gobierno movió un peón en su pulso con Artur Mas y propuso que la comisión bilateral Estado-Generalitat, un foro en el que se discuten traspasos de competencias, adquiera un cariz más político y se convierta en el escenario en que el Ejecutivo central y el catalán dialoguen y busquen puntos de encuentro en sus diferentes ópticas sobre el proceso soberanista de Cataluña. La oferta, que partió de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, esconde en cierta manera una trampa, porque la parte catalana en esta comisión bilateral está presidida por Josep Antoni Duran i Lleida, interlocutor habitual del Gobierno y con buena sintonía con Sáenz de Santamaría, pero que es la bestia negra de los independentistas.

La número dos del Ejecutivo planteó que este foro podía pasar de ser el marco de negociación de las transferencias a ser una mesa para «mejorar la coordinación y la cooperación» entre ambas administraciones. Si el Gobierno de Artur Mas está de acuerdo, dijo, habrá que concretar las funciones de este nuevo ente bilateral. «Les invito a recorrer ese camino», pero siempre desde «la lealtad institucional», comentó Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros.

Los contactos entre los Gobiernos de Rajoy y Mas se han limitado hasta ahora a un par de reuniones secretas entre ambos presidentes, las conversaciones, tampoco públicas, entre la vicepresidenta y el portavoz de CiU en el Congreso, algún debate parlamentario y al cruce de declaraciones a través de los medios de comunicación. No hay un foro específico con luz y taquígrafos. Es improbable, de todos modos, que el Ejecutivo de Mas se avenga a aceptar la oferta porque el control de las conversaciones estaría fuera de su alcance, ya que el representante de la Generalitat en la comisión es Duran, con el que Mas tiene cada día más diferencias y es una figura inasumible para Esquerra Republicana, socio y sostén del Gobierno catalán.

Sáenz de Santamaría evitó emplear el tono de desdén que utilizó Rajoy para desechar la tercera vía que plantean Duran y el PSC. Ahora bien, subrayó que sus planteamientos requieren de una reforma de la Carta Magna para la que el Gobierno considera que no existe el clima político adecuado. En el debate sobre el estado de la nación de febrero pasado se pudo comprobar, a juicio de la vicepresidenta, que había «mucha disparidad» sobre los cambios constitucionales, y en ese ambiente es desaconsejable encarar una reforma de ese calado.