La Fiscalía se opone a la imputación de Acebes, Álvarez Cascos y 14 empresarios por el caso Bárcenas
España
Izquierda Unida había solicitado estas imputaciones al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
05 Nov 2013. Actualizado a las 16:59 h.
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la imputación de los ex secretarios generales del partido y exministros Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, que solicitó al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz Izquierda Unida (IU), personada en la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP, han informado a Europa Press fuentes fiscales.
El Ministerio Público se ha opuesto también a otras solicitudes de imputación incluidas en la ampliación de querella de la acusación popular integrada por IU, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción y Federación los Verdes, que incluían al marido de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro y de otros trece empresarios sospechosos de haber efectuado donaciones a los 'populares'.
Los querellantes pedían la imputación de López del Hierro por su aparición en los «papeles de Bárcenas» con la supuesta contabilidad B del PP por apuntes contables que aparecen en los años 90. En concreto, se le señala como directivo de Construccion Y Gestion De Servicios S.A (Grupo ONCE) en los años 1997 y 1998, apoderado de Constructora Continental S.A desde 1991 y consejero de Renta Corporación Real Estate de Metrovacesa y Barney Newco S.A..
Los demás empresarios eran el presidente de Degremont Iberia, Rafael Palencia; José Luis Rodríguez Moreno, empresario de comunicación audiovisual; Lucio Moreno de Guerra, ex director general corporativo de Applus; Cecilio Sánchez Martín, ex Director Comercial de la Zona Este del departamento de Gestión de Aguas de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Camilo José Alcalá Sánchez, Presidente-Consejero Delegado de CYOPSA-SISOCIA S.A.
El fiscal «no detecta en el relato de hechos la conexión que se sostiene en la ampliación de la querella entre las anotaciones de ingresos por donaciones que se reflejan en los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones de contratos públicos».