Alaya reclama a Magdalena Álvarez 29 millones y anticipa su condena

La jueza Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de 29.568.129,20 euros a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, nueve meses después de su imputación, porque ve «la probabilidad cierta» de que sea condenada en el futuro por prevaricación y malversación de caudales públicos en el fraude de los ERE falsos financiados por la Junta de Andalucía. Así lo señala en un auto de 11 páginas dado a conocer ayer, en el que la considera responsable del sistema ilegal de ayudas, concedidas entre el 2001 y el 2003, tres de los diez años en que fue consejera de Economía y Hacienda de Manuel Chaves.

También fija una responsabilidad civil de 22 millones a su exviceconsejero José Salgueiro y de ocho al que fuera ex secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa. Considera que los tres «serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones». Asegura que dicho procedimiento consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las llamadas «transferencias de financiación», para otorgar las subvenciones, «eludiendo los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización». Señala que el procedimiento «se iniciaría, entre otros, con la autorización de los inculpados encargados de la elaboración del presupuesto anual». Acusa a Álvarez, Salgueiro y Estepa de dar instrucciones o al menos ser conocedores de que con ese procedimiento era necesario «alterar la realidad del presupuesto» y «a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca».

Reconoce que el uso que dio la Consejería de Empleo a esos fondos públicos no era responsabilidad de Álvarez y los otros dos inculpados, pero sí de la instauración de un procedimiento ilegal que permitía disponer de gasto público.

La jueza recuerda en su auto que primero se recurrió a las modificaciones presupuestarias, siete en dos años, para allegar fondos a la partida de las transferencias de financiación (93 millones en total). A continuación, a partir del año 2002, se incluyó dicha partida en los Presupuestos de Andalucía, lo que, argumenta Alaya, «daría lugar a un uso completamente arbitrario de los fondos públicos por parte de la Consejería de Empleo», que fue asumiendo compromisos crecientemente «al margen de la ley, lo cual podía generar menoscabo de fondos públicos». Con este sistema, recuerda la jueza, se pretendían eludir los controles que conllevan las subvenciones.

Alaya da a los tres imputados un plazo de un día desde la notificación del auto para abonar las fianzas, algo mucho más que improbable dada su elevada cuantía, por lo que la jueza abre la puerta al embargo de sus bienes y nóminas, como ha hecho con otros imputados en el caso, a los que ha llegado a inmovilizar incluso sus coches.

«Desproporcionada»

Magdalena Álvarez hizo público un comunicado en el que mostraba su rechazo frontal a la fianza civil que le ha impuesto Alaya. La exministra la calificó de «desproporcionada» y «totalmente fuera de lugar» porque su imputación está recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que deliberará sobre el asunto el próximo día 23. Insistió en su «absoluta inocencia» y en su «plena confianza» en que la Justicia le dará la razón, y recordó que en junio del pasado año este mismo órgano declaró nula su primera imputación. Además, incidió en que ni el Ministerio Fiscal ni la Junta de Andalucía ni la Abogacía del Estado han pedido adopción de medida cautelar alguna.