La jueza Alaya imputa de nuevo a dos ex directores generales de la Junta

La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía tardó apenas unas horas en replicar a la Audiencia Provincial de Sevilla y volver a imputar a dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera. Esta vez, en el auto, tal y como le exigía la instancia superior, concreta los supuestos hechos delictivos que la llevan a señalarlos como autores de prevaricación y malversación de fondos y los cita a declarar otra vez el 12 de mayo.

Mercedes Alaya repitió los mismos pasos que dio con la exconsejera andaluza de Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, con la que fueron imputados ambos altos cargos. Tras una acusación genérica y la anulación de la imputación por parte de la Audiencia, ante una posible vulneración del derecho de defensa, la jueza dictó un nuevo auto en el que desveló la principal tesis de la causa de los ERE para señalar a la cúpula del Ejecutivo regional. Esto es, que desde instancias políticas se implantó el uso fraudulento de un sistema legal de financiación de entes públicos -las polémicas transferencias de financiación- con la supuesta intención de evitar controles en el reparto de subvenciones.

En el nuevo auto, dictado el mismo día que la Audiencia la corrigió, pero notificado cuatro días después, la jueza trata de demostrar que no los inculpa solo «por el dato objetivo» de haber ocupado sucesivamente el puesto de responsables de Presupuestos. Para ello, cita el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta entre los años 2001 y el 2010, que le da pie a concluir que, «reiteradamente, desde el 2002 al 2009 -siendo Lozano director de Presupuestos y Aguilera jefe del servicio de Seguimiento, Evaluación y Política Presupuestaria-, se incluyeron por parte de la Consejería de Hacienda créditos para transferencias de financiación del programa 31L -denominado «fondo de reptiles» por el ex director general de Empleo Francisco Guerrero-, cuando en realidad se conocía indiciariamente que iban a destinarse inadecuadamente a subvenciones sociolaborales que otorgaría la Consejería de Empleo».

Una inclusión de la que responsabiliza a la cúpula de Hacienda, que reflejó «indebidamente gastos que no se iban a producir, pues lo que la agencia realizaba eran pagos por cuenta de Empleo, los cuales quedaban compensados con las transferencias de financiación, encubriendo al Parlamento el destino final que realmente quería dársele: otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal», añade Alaya.

Argumentos repetidos

En este sentido, la jueza repite un argumento similar al empleado con Magdalena Álvarez. «Lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que, bajo el argumento de la agilidad y de la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación», señala tajante en relación a Lozano, quien ocupó puestos de relevancia también con el Gobierno de Susana Díaz.