Dos cargos de Adif acusados de malversar fondos del AVE se niegan a declarar

Dos cargos de Adif imputados por presunta malversación en las obras del AVE de Barcelona y otros dos técnicos de la empresa concesionaria Corsán se han negado hoy a declarar ante la juez que investiga a la presunta trama corrupta.

Ante la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que dirige la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción, han comparecido hoy cinco -de los diez- detenidos en esta operación que fueron puestos en libertad por la Guardia Civil a la espera de ser citados por la magistrada. Los otros cinco, entre ellos dos responsables de Adif, pasaron el pasado jueves a disposición de la juez instructora, que dejó en libertad a dos de los detenidos y decretó prisión bajo fianza para otros tres.

Para hoy estaban citados los detenidos en la llamada operación Yogui, dos funcionarios de Adif, dos cargos de la empresa Corsán -concesionaria de las obras bajo sospecha- y un técnico de una empresa de ingeniería encargada de la certificación de las obras investigadas. Los cuatro primeros se han acogido a su derecho a no declarar ante la juez de instrucción, en una causa fundamentada en gran parte en escuchas telefónicas y que permanece bajo secreto de sumario, por lo que las defensas conocen pocos detalles de la investigación que ha desembocado en las diez detenciones.

Los dos cargos de Adif que hoy han optado por guardar silencio ante la juez son Carlos P., jefe de infraestructuras de la empresa ferroviaria, y Mauro B., jefe de área de infraestructura, quienes la Fiscalía Anticorrupción cree que fueron sobornados con viajes a cargo de la empresa concesionaria Corsán. Otro de los imputados que ha decidido guardar silencio es Ramón A., de la empresa Sorigué-Acsa, que también trabajó en Corsán.

Los imputados están acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho y falsedad documental por haber hinchado supuestamente el presupuesto de unas obras del AVE en Barcelona, entre la futura estación de la Sagrera y el Nudo de la Trinidad, para desviar unos 6 millones de euros. La contratista Corsán Corviam -ahora integrada en Isolux Corsán- se adjudicó en concurso público en marzo del 2008 las obras de ese tramo del AVE por un importe de 67,9 millones, frente a los 98,6 millones de euros presupuestados. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los responsables de Adif imputados facilitaron la concesión de las obras a Corsán, a cambio de viajes y dádivas.