El fiscal jefe de Madrid: «Con el juez Silva, la Justicia va a estar desahuciada y por eso no puede ser juez»

El fiscal ha pedido hoy 30 años de inhabilitación para Elpidio José Silva al considerar que «no puede ser juez» al haber cometido «uno de los delitos más graves que puede cometer» un magistrado, el de «imponer su voluntad sobre la ley» al encarcelar dos veces a Miguel Blesa por una causa que «solo existía en su mente». Así lo ha expuesto el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, en el juicio contra Silva por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia presuntamente cometidos durante su investigación al expresidente de Caja Madrid.

«Con el juez Silva, la Justicia va a estar desahuciada y por eso no puede ser juez», ha ironizado el fiscal con el título del libro del acusado. Ha resaltado que aquí «no se está enjuiciando a Blesa, ni a Díaz Ferrán, ni al Ministerio Fiscal ni a sus representantes ni a los funcionarios del Juzgado», sino a Silva «por uno de los delitos más graves que puede cometer un juez, que es la de prevaricar e imponer su voluntad sobre la ley de forma sistemática». También por «retrasar de forma intencionada» la tramitación de los recursos del abogado del exbanquero y por haberle encarcelado «violando todos los requisitos legales no una, sino dos veces».

El fiscal ha hecho un repaso por las distintas resoluciones que dictó durante la instrucción del caso Blesa que demuestran que «ha abusado judicialmente de su función», empezando por reabrir el caso más de dos años después de haberlo archivado sin que hubiera aparecido ningún elemento nuevo. Lo hizo el 7 de junio del 2012 al tener conocimiento de que un compañero de Plaza de Castilla había recibido una querella contra Bankia, sin saber si tenía relación con el crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán. «Sólo la voluntad del juez es la que le impulsó a reabrir este procedimiento», ha enfatizado el fiscal.Un procedimiento que existía solo «en la mente del acusado», que se basó en elementos «totalmente extrajurídicos» como la «alarma social» para reabrirlo y convertir la concesión de un crédito en una causa general y prospectiva prohibida por la ley al tratar de investigar toda la gestión de Miguel Blesa.

En este sentido, ha explicado que desde noviembre del 2012 venía siendo avisado por el fiscal del caso de que su proceder podía dar al traste con él, como así ocurrió en junio siguiente cuando la Audiencia Provincial de Madrid lo anuló. Si fue «prevaricador» reabrir, también lo fueron las dos veces que encarceló al exbanquero, cuando no se habían abierto aún las diligencias de la adquisición del CNB, por la que le encarceló, ni tampoco estaba personada como acusación Manos Limpias, que lo pidió.

La primera vez fue el 16 de mayo del 2013, cuando le envía a Soto del Real sin aguardar a que el Decanato de Plaza de Castilla le diera un nuevo número de diligencias para la causa del CNB. «Podía haber esperado», pero «tenía prisa», ha señalado Moix. En la segunda, el 5 de junio, había decretado el secreto sobre la causa, lo que no impidió que volviera a encarcelarle a instancias de Manos Limpias y sin haber devuelto aún la fianza de 2,5 millones que abonó Blesa apenas veinte días antes. «Se mire como se mire son prevaricadoras» estas decisiones, ha sentenciado.

Defensas de Blesa y Díaz Ferrán

Por su parte, el abogado de Blesa, Carlos Aguilar, que pide 40 años de inhabilitación, ha cuestionado la «arbitrariedad» con la que actuó el juez excedente, dictando resoluciones que «nada tienen que ver con el derecho», basándose en «argumentaciones vacías y artificiosas» para «imponer su voluntad sobre la ley con el preciso objetivo de perjudicar a Blesa». «Este señor no está en condiciones morales de seguir siendo juez: quien atropella la libertad de una persona de esta manera está cometiendo un delito», ha aseverado el letrado, que ha añadido que «toda su carrera ha sido un cúmulo de escándalos» y que con este caso ha tratado de «hacerse con un nombre y un prestigio», lograr «réditos electorales» y «solventar sus expedientes en el CGPJ».

Por último, la defensa de Díaz Ferrán, que reclama 24 años de inhabilitación y 50.000 euros de indemnización, ha coincidido en argumentar que una «figura que concentra tanto poder como un juez instructor no puede tomar decisiones según su capricho y conforme a su criterio personal, de manera arbitraria».