La falta de medios obliga a pactar con los acusados, según el fiscal Pedro Horrach

Dos altos cargos del ministerio que dirige Rafael Catalá comparecieron ayer en la Comisión de Justicia del Congreso para detallar los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio que ascienden a 1.501,75 millones de euros, con un incremento de un 1 % sobre los de este año, lo que apenas supone un aumento de 15,6 millones de euros. Aunque mínimo, es el primer incremento que registran los presupuestos de Justicia en esta legislatura. Hay partidas que sufren ligeros recortes, como la del Consejo General del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional.

Con unas pocas horas de diferencia, en una mesa redonda celebrada en el marco del XXII Congreso Nacional de Auditoría celebrado en Palma, el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, denunciaba la falta de medios de todos los operadores de la investigación criminal que hace necesario llegar a pactos con los imputados. «Esta incapacidad de medios y personal no nos permite llegar a conocer toda la verdad», criticó Horrach

El fiscal del caso Palma Arena, que hace meses saltó al primer plano de la actualidad por su radical oposición la imputación de la infanta Cristina en la pieza separada del caso Nóos, añadió: «Necesitamos tanto infraestructura material como personal, que no existe. Hacemos lo que buenamente podemos».

En otro foro distinto, en la Universidad Jaime I de Castellón, durante la conferencia sobre el ministerio público en el siglo XXI, pronunciada dentro del homenaje al fiscal Fernando Herrero-Tejedor, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reclamó una singularización presupuestaria para el Ministerio Fiscal que garantice «su autonomía y responsabilidad».

Calificó de «severo problema» que actualmente el 77 % de los presupuestos de la administración de Justicia van destinados a las plantillas y solo el 23 % para infraestructuras e innovación tecnológica. Si no existe la singularización presupuestaria, afirmó Torres-Dulce, «no hay posibilidad de hacer política fiscal y satisfacer las necesidades que le son atribuidas al Ministerio Fiscal».

Modernización tecnológica

El raquítico incremento que registra el proyecto de presupuestos según explicó ayer el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, se destina a la modernización tecnológica de la administración de Justicia, del ministerio fiscal y de la dirección general de los Registros y el Notariado.

Más jueces y más fiscales

En concreto, Justicia implantará nuevas oficinas judiciales y fiscales e impulsará los proyectos informáticos como el expediente judicial electrónico y el nuevo sistema integrado de Justicia, con un gasto estimado de 59 millones de euros, lo que supone un aumento del 26 %.

Respecto a las plazas convocadas, Román concretó que serán 50 para el acceso a la carrera fiscal y otras tantas para la carrera judicial, una previsión que valoraron positivamente los portavoces parlamentarios. De hecho, el diputado socialista Pablo Martín consideró estas plazas como «unas de las noticias positivas» de unos presupuestos que en su globalidad tachó de «insuficientes».

El portavoz de Justicia del PP, Jose Miguel Castillo Calvín, valoró «especialmente» que se convoquen oposiciones para las carreras judicial y fiscal, así como el aumento del gasto de los beneficiario de la justicia gratuita y la asistencia a las víctimas, que sube un 2,30 %.

En el capítulo de obras, el ministerio destinará 18,28 millones para finalizar, entre otros proyectos la rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional.