La Fiscalía catalana se inclina por no querellase contra Mas

Todo apunta a que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ejercerá ninguna acción penal contra el presidente de la Generalitat por el 9-N. El jefe del ministerio público, Eduardo Torres-Dulce, empezó a preparar el terreno en ese sentido y avisó de que «no es necesario que el Ministerio Fiscal lleve el asunto a los tribunales» porque ya hay abierta una investigación en los juzgados a raíz de las denuncias de varias fuerzas políticas.

El escaso entusiasmo de la Fiscalía causó un profundo malestar en Moncloa, desde donde advirtieron a los fiscales de Cataluña que tienen una dependencia «jerárquica» y son los representantes del Estado «en defensa de la legalidad». La furibunda reacción del PP tras la votación sobre la independencia de Cataluña puede quedarse en nada. La mayoría de los integrantes de la Fiscalía del Tribunal Superior catalán no aprecia que haya materia en la actuación de Artur Mas para interponer una querella.

Torres-Dulce se encuentra por tanto entre la espada, el Gobierno de Mariano Rajoy, y la pared, el ministerio público en Cataluña. Había anticipado que tomaría una decisión cuando recibiese el informe de sus representantes en el Tribunal Superior, pero ayer precisó que la Fiscalía catalana dirá la última palabra. Esta se inclina, según fuentes jurídicas, por desestimar la querella por desobediencia porque el 9-N fue un acto político.

Torres-Dulce ahora sostiene que «no es necesario» que la Fiscalía actúe para que los jueces investiguen a Mas porque ya hay abierta una en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por las denuncias de varios partidos y particulares.

Defensa del Estado

La posición de Torres-Dulce y de la Fiscalía catalana no sentó nada bien en el Gobierno de Rajoy. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aprovechó la comparecencia tras el Consejo de Ministros para recordar al ministerio público en Cataluña que tiene una «dependencia jerárquica» del fiscal general, y ese principio está por encima de sus criterios sobre lo sucedido el 9-N.

Sáenz de Santamaría también subrayó que el Ministerio Fiscal ejerce «la representación del Estado en defensa de la legalidad», y uno de los tres poderes estatales, el Ejecutivo, considera que el domingo pasado se vulneró la ley. Los principios que guían la actuación de la Fiscalía, prosiguió, son «la legalidad y la imparcialidad», y es el órgano que «ejerce la defensa del Estado en el ámbito penal». La vicepresidenta añadió luego que el Gobierno «respetará la decisión» que adopte En la Moncloa confían, pese a todo, en que la Fiscalía se querelle contra Mas. No hacerlo, admiten, dejaría en muy mal lugar al Gobierno, Pero sobre todo al PP, cuya líder en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, se permitió el pasado martes asegurar que la Fiscalía se querellaría ese mismo día y hasta detalló los delitos que se imputarían.