Ruz señala que hubo financiación ilegal y cobro de sobresueldos en el PP

El auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que pone fin a la investigación de la parte central de la trama Gürtel en los períodos 1999 al 2005 se explaya largo y tendido sobre el resto de derivadas surgidas en el procedimiento penal. Entre ellas cabe destacar la causa de la caja B del PP, que se origina a partir de los denominados papeles secretos del extesorero Luis Bárcenas, que salieron a la luz pública en enero del 2013 y se judicializaron dos meses más tarde como pieza separada del caso Gürtel.

En su escrito de 205 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco constata, cuando se refiere al papel de Bárcenas y del ex diputado popular Jesús Merino en la trama, que fueron los puentes o intermediarios que utilizó la red de Francisco Correa para conseguir adjudicaciones irregulares en la comunidad de Castilla y León a cambio de regalos y comisiones. En el caso de Bárcenas, advierte el juez, estas pesquisas se enlazan con lo que se está investigando en la pieza de la caja B, donde este «utilizó sus cargos de gerente y tesorero para apropiarse de fondos del Partido Popular al llevar junto con Álvaro Lapuerta una contabilidad paralela del partido político entre los años 1990 al 2008, nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial».

Añade el instructor que, de acuerdo a lo indiciariamente acreditado en esa causa, estos fondos opacos fueron destinados «al pago de gastos generados en campañas electorales, al pago de complementos de sueldos a determinadas personas vinculadas al partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido». Hasta la fecha, el juez no había ido tan lejos en sus autos sobre el funcionamiento de la caja B y el destino del dinero, tan solo había dejado entrever la «existencia de una corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad oficial» del partido. Sin embargo, en esta resolución da verosimilitud a los sobresueldos en negro cobrados durante años por la cúpula del PP, a los gastos electorales y a otros servicios «en beneficio» del PP.

Este matiz es importante porque es la razón fundamental por la que el partido ha sido considerado responsable civil a título lucrativo en esta pieza y en la parte central del caso Gürtel, cuya investigación ha concluido ahora. Es decir, el PP como sujeto jurídico debe personarse y nombrar abogado porque obtuvo un provecho ilícito derivado del comportamiento penalmente punible de Bárcenas y Lapuerta.

El informe de Hacienda

Sobre los sobresueldos, cabe recordar que aunque Ruz constate ahora su existencia, la Agencia Tributaria ya sostuvo en septiembre del 2013 que el presidente Mariano Rajoy, o tres secretarios generales del PP, Javier Arenas, María Dolores de Cospedal y Ángel Acebes, no cometieron delito fiscal por su percepción. Alegaron los inspectores que los pagos del 2007 habrían prescrito mientras que las cantidades del 2008 no superan la cantidad establecida para ser delito, 120.000 euros. Ahora falta que el juez tome una decisión definitiva. En cuanto a Acebes, el instructor acuerda el sobreseimiento de su causa por un delito de apropiación indebida por omisión al no impedir que se usase dinero de la caja B para la compra de acciones de la empresa Libertad Digital, por lo que declaró el pasado 28 de octubre.

Justifica Ruz que la jurisprudencia obliga acreditar el conocimiento de la situación que genera el deber de actuar, y las diligencias practicadas «no arrojan mayores indicios sobre el eventual conocimiento por parte del imputado» de que las operaciones de compraventa de acciones fuesen llevadas a cabo por Bárcenas, su mujer, Lapuerta o el empleado del PP Francisco Yáñez, ya fallecido. La decisión de Ruz supone que el exministro deja de estar imputado en la pieza central del caso Gürtel, que es donde se encuadraba su causa, pero se mantiene de momento en la caja B, pese a que sus abogados presentaron este lunes un escrito al juez reclamándole que le retire la acusación.

Por si acaso, el instructor considera indiciariamente acreditado por los estatutos del PP que la posición del secretario general, en este caso Acebes, era de superioridad jerárquica y autoridad sobre la actuación del gerente, es decir Bárcenas, del que podría racionalmente inferirse «un deber especial de control o de vigilancia en relación a las actividades propias atribuidas al gerente».