Consuelo Madrigal, nueva fiscal general del Estado

Consuelo Madrigal, de 58 años, ha sido nombrada este viernes por el Gobierno nueva fiscal general del Estado, con lo que se ha convertido en la primera mujer que dirige la Fiscalía en su centenaria historia.

Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha procedido al nombramiento de Madrigal tras contar su elección, el pasado día 19, con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso de los Diputados, al cumplir los requisitos necesarios para su nombramiento. Madrigal, hasta ahora fiscal coordinadora de Menores, sustituye en el cargo a Eduardo Torres-Dulce, quien el pasado mes de diciembre presentó su dimisión por «razones personales» tras sus «desencuentros» con el Ministerio de Justicia en defensa de la independencia de la actuación de la Fiscalía.

En su comparecencia ante la Cámara Baja, que se produjo este jueves, Madrigal se comprometió a dar una respuesta penal «tajante e inmediata» a los casos de corrupción, con la creación de unidades de investigación integradas por fiscales, policías y técnicos especializadas en la lucha contra esta «colosal amenaza».

Consuelo Madrigal nació en Segovia el 2 de noviembre de 1956. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1978 con la calificación de sobresaliente. Ingresó en la carrera fiscal en 1980 con el número tres de su promoción y lleva 34 años de fiscal, los últimos siete de ellos como fiscal de sala, que es la máxima categoría.

Su primer destino fue en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, donde ejerció de enero de 1981 a noviembre de 1982; pasó a teniente fiscal de Palencia hasta mayo de 1984, y en la Fiscalía de Madrid hasta 1990. Su siguiente destino fue, hasta 1993, el Tribunal de Cuentas, de donde pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo. En el currículum difundido por la Fiscalía General del Estado destaca su intervención en el sumario de la OPA de Azucarera Torras contra el grupo KIO ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid. En el Supremo también se encargó de la causa sobre los papeles de Sokoa por estar implicado José Antonio Urritcoetxea Begoetxea, Josu Ternera, que estaba entonces aforado ante el alto tribunal. También intervino en el caso Otegui, el caso Intelhorce, las escuchas del CESID y el clan de los Monchines.

La nueva fiscal general del Estado es una jurista discreta, pero «muy eficaz y resolutiva», según fuentes fiscales. Considerada muy técnica, destaca por su «carácter conciliador», es conservadora y ha pasado inadvertida públicamente hasta ahora en su larga carrera como representante del Ministerio Público.