Bárcenas ensombrece el estreno de la convención de los populares

Era el peor de los escenarios que manejaba el PP. Y no solo se cumplió, sino que superó las más negras expectativas. Ni en su peor pesadilla podía imaginar la cúpula de Génova que su convención nacional, diseñada como una pista de despegue para retomar la iniciativa política de cara a las municipales, se inauguraría solo unas horas después de que Luis Bárcenas, el extesorero al que el partido creía tener neutralizado en prisión, se colara en todas las pantallas de televisión, a la hora del almuerzo, para reiterar que Mariano Rajoy recogía regularmente cada mes en su despacho, primero en la sede del PP y luego en el ministerio, un sobre con dinero negro.

«Este señor nos engañó»

Consciente de la imposibilidad de soslayar durante tres días la enorme gravedad de estas acusaciones, el PP envió a primera hora a su vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano, a rebatir a Bárcenas en los platós de televisión para no tener que hacerlo durante la convención. «Este señor nos engañó. Y, en cuanto al momento actual, no está en el partido». Floriano marcaba así el argumentario al que horas después se aferraba cualquier dirigente del PP al que se le pusiera un micrófono o una grabadora delante, en público o en privado, para responder al extesorero. Ese argumentario incluye el no mentar por su nombre a Bárcenas, que pasa así a ser «esta persona» o «este señor».

Cada uno, eso sí, echaba mano de ese manual con su propio estilo. «Lo que tiene que hacer es dejar de echar mierda a los demás cuando la mierda la tiene él», dijo por ejemplo la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos. Igual de claro, pero más políticamente correcto fue el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que instó al extesorero a aclarar «por qué tiene tanto dinero, de dónde lo sacó y por qué lo tenía fuera de España». Negó además a Bárcenas capacidad para «dar lecciones» porque «los dirigentes del PP no tenemos cuentas en Suiza».

El que no se atuvo a ese guion fue el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien aseguró que «cada uno debe responder de sus actos con la ley» y que él responde de los suyos «desde el primero hasta el último», aunque el PP tendrá que lamentarse de algunas «decepciones». Es decir, que él no tiene ninguna responsabilidad, pero está convencido de que otros sí las tienen. Horas antes, Bárcenas había convertido a Aznar en prácticamente el único líder popular al que dejaba al margen de sus acusaciones directas de cobrar sobresueldos en dinero negro.

Antes de que el extesorero abandonara la cárcel, había todavía dirigentes del PP que confiaban en que optara por una posición de prudencia para tratar de acercar posiciones. Pero la ilusión se desvaneció en el mismo momento en el que Bárcenas puso el pie en la calle. Constatada la imposibilidad de que el extesorero se sosiegue, Génova pasó al ataque. Floriano aseguró que lo importante ahora es saber de dónde sacó el dinero para amasar una fortuna de 42,8 millones de euros y también que «se devuelva a las arcas públicas si se obtuvo de manera ilegal». En su estrategia para desmarcarse de las supuestas tropelías de su extesorero y exgerente, el PP se aferra al hecho de que el juez considere al partido «beneficiario a título lucrativo», lo que, según su tesis, implica que no sabía que se estaba cometiendo un delito porque, de otro modo, se le consideraría cómplice del mismo.

El Gobierno no responde

Lo más que llegó a admitir Floriano es que el partido pecó de «ingenuo», ya que «había una caja B que utilizaban unos señores» que aprovecharon «la posición que tenían dentro del PP para enriquecerse». Luego, ya en la convención, fue imposible arrancarle una declaración sobre este asunto porque, según dijo, Bárcenas no va a marcar este cónclave, aunque sea eso lo que realmente pretende. Lo que la cúpula de Génova tiene descartado es presentar una querella contra Bárcenas por estas nuevas acusaciones. La justificación es que el caso ya está en los juzgados y el juez, además, les echó del proceso.

Desde la silla de portavoz del Gobierno, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntalaba ese clavo de desprecio al extesorero al afirmar que no es misión suya hacer «valoraciones de las declaraciones que hagan imputados en su estrategia de defensa».