El Congreso renuncia a investigar de oficio las incompatibilidades

El Congreso no va a investigar de oficio si los diputados cumplen los límites que existen para ejercer el pluriempleo. No lo hará a pesar de que el pago de sueldos por parte de una empresa constructora especialista en obra pública a Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte a cambio de asesoramiento mientras ocupaban un escaño ha vuelto a poner sobre la mesa el asunto de las incompatibilidades. Así lo dejó claro ayer su presidente, Jesús Posada, que dijo que la Comisión del Estatuto del Diputado, que es la encargada de autorizar la compatibilidad a los parlamentarios que realicen actividades privadas, estudiará solo los casos que se le planteen y tomará las «disposiciones oportunas». Posada admitió que no existe un «reglamento» ni un «sistema de multas» para sancionar a los diputados que traicionen las confianza que la Cámara deposita en ellos cuando les autoriza a realizar actividades privadas, pero también advertía de que quienes hayan mentido, quebrándola, podrían ser sancionados, porque «toda actitud que repercuta negativamente para el Congreso es sancionable». «Los servicios jurídicos estudiarán todo lo que se plantee por determinadas circunstancias, pero no vamos a revisar de oficio todas las compatibilidades, por supuesto que no», aseguró.

Posada se manifestaba así después de que el PSOE e Izquierda Plural solicitaran que se investigue el caso de Pujalte y de que se conociera que el portavoz adjunto de los populares, Agustín Conde, no informó a la Cámara baja de que fundó una empresa de eficiencia energética en el 2012 cuando era diputado. El portavoz del PP, Rafael Hernando, admitió que «si un diputado monta una empresa debe hacerlo constar en la declaración de patrimonio». Conde no lo hizo constar ni en la declaración de patrimonio ni en la de actividades, en la que se limitó a decir que era abogado y tenía una asesoría jurídica.

El número dos del PP en el Congreso reconoció ayer que fundó la empresa Eco Witt, pero no aclaró por qué no informó a la Cámara. «No tengo nada que ocultar y aunque la ley no obliga a ello presentaré mis declaraciones del IRPF y de IVA», se limitó a decir sin admitir preguntas. Los socialistas aseguraron que estudiarán el caso y, si procede, pedirán que la Comisión del Estatuto del Diputado lo investigue, como ha hecho con Pujalte. En marzo del 2013, Conde comenzó a trabajar para la filial inmobiliaria del Banco de Santander, de lo que tampoco informó a la Cámara, ya que «nunca se tiene que declarar quiénes son los clientes», argumentó. El Congreso le autorizó a ejercer como abogado en abril del 2012.