El PP descarta llevar la reforma de la Constitución a su programa electoral

El PP se debate estos días entre zanjar la posibilidad de reformar a fondo la Constitución y evitar la imagen de inmovilismo que una decisión así podría ocasionar al partido en el último cuatrimestre electoral del año. La cúpula de los populares descarta por ahora que el programa electoral, que estará listo a mediados de octubre, vaya a recoger una propuesta concreta de modificación de la Carta Magna. Fuentes de la dirección sostienen que el asunto no es urgente o necesario. Ahora bien, reiteran, como el presidente del Gobierno, que de todo podrá hablarse en el 2016, en la próxima legislatura.

Por el momento, el PP se ve a sí mismo como el único partido en la defensa férrea del Estado de las autonomías que recoge la Constitución frente al federalismo que propugna el PSOE y el órdago de los nacionalistas catalanes. Es esta una posición en la que los populares se sienten cómodos y que creen que se corresponde con el deseo de una mayoría social, no partidaria de cambiar el modelo organizativo del país.

Lo que sí está previsto, según la cúpula del PP, es presentarse a las elecciones con un planteamiento general sobre la posibilidad de «actualizar algunos elementos que configuran el pacto constitucional» y que, trasladado al lenguaje común, se corresponde con impulsar el paquete de reformas políticas e institucionales que el partido esbozó en su convención de julio. En este sentido, se plantea la despolitización del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, o la revisión del reglamento del Congreso y la fijación de una limitación de los mandatos al frente del Gobierno. Mientras, la mejora del modelo territorial pasaría por la reforma puntual del Senado, la de la ley electoral, y la redefinición del sistema de financiación autonómica.

Todo esto dista de los cambios en el Título VIII de la Constitución que algunos barones y miembros del Gobierno han señalado. La primera en dar el paso fue la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que en el último encuentro del partido apostó por retocar la Carta Magna para clarificar las competencias de las comunidades, un punto que los constituyentes habían dejado solo bosquejado en 1979, y definir los principios de solidaridad e igualdad entre todos los territorios. También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, puso este mes el foco en los mismos artículos 148 y 149 que contemplan el reparto competencial, y recuperó la modificación del apartado sucesorio en la Corona para reconocer el mismo derecho a la mujer que al hombre, la supresión de aforamiento de los diputados regionales e incluso el reconocimiento de derechos sociales de nuevo cuño.

Afrontar el debate

En el enfoque coinciden diversos líderes territoriales que, en privado, advierten de la conveniencia de afrontar el debate y no permitir que el resto de fuerzas políticas lleven la iniciativa en un asunto que parece ya ineludible. Fuentes regionales del PP consideran que ha llegado el momento de «aclarar al electorado» la postura sin ambages del partido y también de incluir una propuesta de reforma de la Constitución en el programa electoral. En todos los casos, como anticipó el jefe del Ejecutivo, sugieren tomar como punto de partida el informe que emitió en el 2006 el Consejo de Estado, a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque haya podido quedar desfasado en algunos puntos.

La reflexión sobre los aspectos mejorables de la Carta Magna, como reflexión, es compartida en la cúpula del PP en la calle Génova, donde no ven con malos ojos delimitar las competencias autonómicas, pero a través de una reforma legal y sin tener que recurrir necesariamente a cambios en la Carta Magna. Altos cargos de la formación alertan del riesgo de abrir el melón constitucional con los nacionalistas catalanes reclamando, como mínimo, el reconocimiento de Cataluña como nación. E insisten en que, a estas alturas, ni tan siquiera el movimiento serviría para calmar las aspiraciones de los separatistas.