El bloqueo de la CUP genera ya divisiones entre los secesionistas

Mientras no haya un Gobierno, la resolución que el Parlamento catalán aprobó el lunes, que proclama de manera solemne el inicio del proceso hacia la creación de una república independiente, es papel mojado. Ya lo es, de hecho, desde que el miércoles el Constitucional la suspendió, previa impugnación del Gobierno central, que ha activado con una urgencia sin precedentes toda la maquinaria del Estado para intentar frenar el proceso. Pero quien le ha dado la puntilla (al menos por ahora), y así lo reconocen en Junts pel Sí, es la CUP, quien con su doble no a la investidura de Mas bloquea de hecho las tres leyes de desconexión contempladas en la declaración independentista y cuyos trabajos deberían empezar en un plazo de 30 días.

La CUP pide a Junts pel Sí un nuevo gran gesto de desobediencia antes de lanzarse a sus brazos. Aunque tiene un serio obstáculo: la ley catalana de la Presidencia de la Generalitat limita las atribuciones del Gobierno en funciones y, de entrada, no puede presentar proyectos de ley. La cámara autonómica tampoco puede tramitar iniciativas legislativas, porque es necesario que estén creadas las comisiones y estas no pueden constituirse hasta que se forme un nuevo Gobierno. Los grupos podrían, como mucho, presentar proposiciones de ley y el Gobierno en funciones, decretos, con los que intentar tramitar la ley de la seguridad social, la de la hacienda propia y la del proceso constituyente. Puede hacerlo, sí, pero esta semana los miembros del Ejecutivo, la presidenta del Parlamento y los integrantes de la Mesa de la cámara ya han sido apercibidos de que si ignoran la suspensión pueden tener consecuencias penales.

El presidente en funciones y candidato a la reelección también ha dicho ya que no puede ceder más y que ha hecho todos los gestos que podía hacia la CUP. Lo que está por ver es si da un último empujón y fuerza un acto de desobediencia en las próximas semanas, que activaría los dispositivos coercitivos del Estado y puede que también serviría en bandeja la victoria electoral al PP. El problema que tiene Mas es que está atrapado por la izquierda radical. Los anticapitalistas hacen gala de ser un partido coherente con lo que dicen y lo que llevan meses proclamando a los cuatro vientos es que no investirán a Artur Mas. Ahí está el nudo gordiano de la negociación entre las dos formaciones independentistas, que solo tienen en común su voluntad de constituir un estado catalán. A partir de ahí se parecen como la noche y el día.

Demasiadas cesiones

Junts pel Sí no renuncia a Mas porque, de hacerlo, la coalición saltaría por los aires. ERC ha cerrado filas en torno al presidente de la Generalitat y difícilmente hará movimientos conspiratorios, porque en caso de elecciones podría tener todas las de ganar. Mas ya ha tenido que tragarse unos cuantos sapos, como aprobar una declaración secesionista antes de la investidura, proponer una presidencia casi coral -con tres vicepresidentes con casi todo el poder-, y sobre todo estar dispuesto a someterse a una moción de confianza dentro de 10 meses, que es tanto como asumir una presidencia interina.

Estas cesiones le están acarreando una contestación interna creciente, en su partido y en su Gobierno, de los sectores más moderados, que prefieren elecciones antes que continuar con la huida hacia adelante con los radicales. Con el agravante, además, de la propia dinámica política de la CUP. Y es que sus dirigentes pueden aceptar las propuestas que lance Junts pel Sí, pero otra cosa es que reciban el visto bueno de la asamblea de la formación. Este doble poder es lo que hace imprevisible el desenlace del sudoku de la investidura. El próximo día 29, los asamblearios celebrarán una jornada para trasladar al conjunto de la militancia el estado de las negociaciones. La conferencia podría acabar convirtiéndose en la asamblea que ratifique o rechace un eventual acuerdo de la dirección. La voluntad de los independentistas es cerrar un pacto para la investidura antes del 4 de diciembre, que es cuando arranca la campaña de las generales.

Desde la supresión de peajes hasta una renta mínima para familias con hijos

La CUP no quiere a Artur Mas como presidente, y así lo expresa en el documento que ha hecho público y en el que desgrana sus exigencias para negociar con Junts pel Sí. «La responsabilidad de la presidencia y del Gobierno debe recaer en una opción de consenso, no ligada al ciclo anterior, que abra una nueva etapa no vinculada a los recortes ni a los casos de corrupción ni a una gestión del proceso que a menudo ha primado los intereses de partido, confundiéndose con los de país», señala.

La formación radical reclama además una «ruptura democrática» a través de una hoja de ruta hacia la independencia, «un plan de choque de emergencia y urgencia social» y un «proceso constituyente popular y no elitista». Son 39 medidas concretas, como aumentar la dotación en becas comedor, decretar la gratuidad del transporte público para sectores desfavorecidos, paralizar 14 procesos de «privatización», suprimir los conciertos escolares, retirar el proyecto Barcelona World, liberar algunos peajes, garantizar el acceso gratuito a todos los tratamientos médicos de forma universal, recuperar la renta mínima de inserción y ampliar el presupuesto para garantizar ingresos mínimos mensuales a 34.000 familias catalanas con hijos o dependientes a cargo.