Los Pujol se llevaron cinco millones por un vertedero

Fue quizás la mayor mordida que cobró el clan Pujol en los más de 30 años que, según las investigaciones, se dedicó a recibir comisiones de grandes empresas que licitaban a obras públicas en Cataluña. Fueron 4.998.921 euros en una sola operación del negocio de la gestión de basuras. Casi la octava parte de los 40 millones de euros que las autoridades de Andorra aseguran que la familia, a través del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, movió entre 1991 y 2014 en el principado.

Según los documentos que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó al juez José de la Mata, la comisión se gestó en el 2002 a través de una compleja operación financiera que giró alrededor del vertedero en la localidad tarraconense de Tivisa. Jordi Pujol Ferrusola, a través de una de sus empresas instrumentales, Active Traslation, «entró en el capital» de la sociedad Gestió i Recuperació de Terrenys, que iba a gestionar el vertedero.

El hijo mayor del expresidente de la Generalitat apenas pagó 300.000 euros por un paquete de acciones de esa sociedad. En el 2004, «de forma sospechosa», en palabras del magistrado, Júnior, como se le conoce en su familia, vendió esas acciones por 5.298.921 euros. Una operación que se gestó solo unos meses después de que el vertedero consiguiera la autorización del Gobierno que presidía el socialista Pasqual Maragall para el tratamiento de residuos, y solo una «una semana antes de que FCC, a través de su filial FCC Medio Ambiente comprara todo el capital» de Gestió i Recuperació de Terrenys por casi 16 millones de euros.

Para el juez De la Mata, esa exitosa operación no fue tal sino el «cobro de comisiones ilícitas» pagadas, supuestamente, por FFC al hijo mayor de los Pujol-Ferrusola, según se afirma en los documentos que obran en el sumario del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que acaban de dejar de ser secretos. En esos papeles el propio juez, por primera vez y negro sobre blanco, apunta a que la fortuna de la familia Pujol, lejos de tener su origen en la herencia del abuelo Florenci, viene del dinero entregado por empresarios. El instructor afirma que «las cuentas corrientes tituladas o apoderadas por Jordi Pujol Ferrusola y su mujer Mercé Gironés Riera» en Andorra «presentan multitud de abonos en efectivo de origen desconocido, que no pueden asimilarse a una actividad legal». O sea, imposible saber de dónde vino ese dinero. Pero también hay otra gran cantidad de «abonos por transferencias o traspasos» que, dice De la Mata, «se relacionarían con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña». «Los ordenantes de transferencias que han podido ser identificados se caracterizan por tener intereses empresariales en Cataluña», insiste el magistrado.

Los informes policiales incluidos en el sumario confirman que Júnior en nombre de familia movió cerca de 40 millones de euros en Andorra. Unos «movimientos ingentes» de dinero, dice el magistrado, que la investigación ha confirmado que, en realidad, correspondían a todo el clan.