La Voz de Galicia

La convocante del «Rodea el Congreso» lleva cuatro años a sueldo de la Cámara

España

Europa Press

Elena Martínez López renovó el pasado día 3 su puesto de asistente del Grupo Mixto de la Cámara, donde lleva trabajando para la izquierda abertzale desde enero del 2012

28 Oct 2016. Actualizado a las 18:58 h.

Elena Martínez López, convocante de la manifestación contra la investidura de Mariano Rajoy programada en las inmediaciones del Congreso, renovó el pasado día 3 su puesto de asistente del Grupo Mixto de la Cámara, donde lleva trabajando para la izquierda abertzale desde enero de 2012, primero con Amaiur y desde este año con la marca Bildu.

El nombramiento de Elena Martínez como «asistente» de los diputados del Grupo Mixto, dentro del personal eventual de la Cámara, se publicó el pasado 6 de octubre en el Boletín de las Cortes Generales y llevaba la firma de Francesc Homs, portavoz de la antigua Convergència y del Grupo Mixto.

Vinculada al partido Izquierda Castellana que en su día lideró Doris Benegas, próxima a la izquierda abtertzale, Elena Martínez empezó trabajando para los diputados de Amaiur tras las elecciones de diciembre de 2011 y este año con EH Bildu, la formación que asumió aquella marca. En el Congreso, los asistentes perciben un sueldo anual de en torno a 28.000 euros brutos por catorce pagas (algo más de 1.500 euros netos al mes).

El otro convocante de la manifestación, Alberto Albino Torre Barciela, fue candidato al Senado por el partido Andecha Astur en la circunscripción de Madrid en las generales de 2000 y actualmente forma parte del Círculo Unidad Popular, una de las agrupaciones de la formación 'morada'.

Según ha dicho en Antena 3 la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, es «evidente» que ambos convocantes de la manifestación «trabajan para Podemos», extremo que el partido morado niega. Tanto el presidente Mariano Rajoy como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, han declinado poner peros a la manifestación convocada «ante el golpe de la mafia» y contra «la investidura ilegítima», pues entienden que, siempre que se respete la legalidad, prevalece la libertad de expresión.


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