Un acusado del caso Palau ofrece un pacto al fiscal para inculpar a Convergència

Ocho años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música catalana y destaparan una trama de corrupción que salpicó a notables de las sociedad catalana, a empresas constructoras y a Convergència, una quincena de personas se sentarán este miércoles en el banquillo de los acusados. Los principales encausados son el expresidente de la institución Félix Millet y Jordi Montull, su mano derecha, quienes se enfrentan a una pena de hasta 27 años de cárcel por haberse apropiado de cerca de 30 millones.

La novedad en la jornada previa al inicio del juicio fue el ofrecimiento de Montull de pactar con la Fiscalía a cambio de una rebaja considerable de la pena solicitada para su hija, Gemma Montull, que era directora financiera del Palau, a cambio de confesar su implicación en el expolio y ofrecer detalles sobre cómo se desviaba el dinero hacia Convergència.

Jordi Montull, al igual que Millet, ha negado siempre cualquier relación de CDC con el presunto pago de comisiones a través del Palau. De cerrarse el acuerdo, el fiscal podría rebajar hasta los tres años de cárcel -dos de ellos sustituibles por multa- su petición de condena a Gemma Montull mediante la aplicación de circunstancias atenuantes, previsiblemente una de ellas la de confesión.

El tribunal juzgará al partido de Artur Mas como responsable civil del expolio, ya que se sospecha que entre el 2000 y el 2010 cobró 6,6 millones en comisiones ilícitas procedentes de empresas constructoras. La famosa mordida del 3 % a la que se refirió en su día Pasqual Maragall, que las adjudicatarias de obra pública de la Generalitat pagaban a la formación a través del Palau. Por ello, el ministerio público solicita 7 años de cárcel para el extesorero de Convergència, Daniel Osácar.

Peligra la cohesión

El juicio le llega a la antigua Convergència en el peor momento de su historia. El partido está asediado por varios procesos, en caída libre en las encuestas y sin capacidad de reacción ante el empuje de Esquerra, que está tomando distancias respecto a sus socios a medida que aumentan las sospechas de corrupción. Una sentencia de condena contra Osácar, antecesor de Andreu Viloca, también investigado por las comisiones ilegales, pondrá en una situación muy delicada la cohesión interna de Junts pel Sí, la coalición en la que cohabitan republicanos y convergentes, y significará un golpe muy duro al proceso soberanista.

La estructura que propició el expolio permanece igual ocho años después

La Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (FAVB), acusación popular en el caso del Palau de la Música, ha denunciado que la «estructura» orgánica de la entidad permanece igual ocho años después de la destitución de Fèlix Millet, sin que se hayan enmendado los «errores» que propiciaron el saqueo.

La presidenta de la FAVB, Ana Menéndez; el vicepresidente, Albert Recio; y el abogado del caso, Àlex Solà, han lamentado que la dirección de la institución cultural y del Orfeó Català siga en las mismas manos. «Hay una tarea pendiente de aprender de los errores», ha sostenido Alex Solà, quien cree que esa labor corresponde «a los gestores» de la entidad y no a la Justicia.