Algunos partidos exigen ya a Artur Mas que deje la política

Los grupos de la oposición en Cataluña apuntaron contra Artur Mas, secretario general de Convergència durante doce años (entre el 2000 y el 2012) y a quien sitúan como máximo responsable político de todo lo que se está juzgando en el caso Palau. Todas las formaciones con representación en la Cámara catalana, menos Junts pel Sí, registraron una petición de comparecencia del expresidente de la Generalitat para que explique la presunta financiación irregular su partido.

Ciudadanos y Catalunya sí que es Pot incluso dieron un paso más allá y reclamaron su dimisión sin más preámbulos. Ciudadanos cree que la carrera del expresidente de CDC y líder del PDeCAT está en situación terminal. «Debe dar un paso atrás, irse a su casa y dejar de una vez por todas la política», señaló Fernando de Páramo, portavoz de C’s. «Mas tenía razón cuando decía que el caso del 3% era mentira, porque ahora sabemos que era el 4% », añadió. Ciudadanos emplazó al dirigente nacionalista a aclarar «si sigue poniendo la mano en el fuego por los Bárcenas de Convergència».

Catalunya sí que es Pot también pidió al expresidente que «dé un paso atrás» al frente del PDeCAT y abandone la política. Según el diputado ecosocialista Joan Coscubiela, las acusaciones «nítidas» y con fechas concretas le inhabilitan para «ostentar cualquier responsabilidad política». El PSC fue más moderado y solo pedirá la dimisión del expresidente de la Generalitat si se demuestra en la sentencia del juicio la financiación ilegal de CDC. Igual que el PP, que cree que Artur Mas ha quedado «absolutamente desacreditado».

Fuentes de Junts pel Sí señalaron que Mas ya ha trasladado su voluntad de comparecer en el Parlamento catalán «en el formato que sea» para dar las explicaciones que se le requieran. Los abogados de Convergència, en cualquier caso, afirmaron que Millet y los Montull no han demostrado nada y que solo se han dedicado a lanzar acusaciones sin aportar pruebas, a pesar de que la Fiscalía ha presentado documentación y anotaciones, encontradas durante los registros del Palau efectuados en el 2009, y que los tres principales acusados las han reconocido y las han vinculado con el pago de comisiones a CDC.

Desde Convergència se defendieron además con el argumento de que ni Millet ni Montull tienen credibilidad, en la medida en que han llegado a pactos con la Fiscalía y son saqueadores confesos de la entidad cultural. Según expresó Francesc Homs, la opinión de unos «delincuentes confesos», que han cambiado su relato de los hechos, porque en ocho años de instrucción del caso nunca habían acusado a CDC, no puede pesar más que la de Daniel Osácar, a quien los cargos del partido soberanista aún mantienen la confianza. «Yo he tenido muchas responsabilidades y no he visto nada del 3%», dijo el diputado catalán.

Esquerra, socios del PDeCAT en Junts pel Sí, admitió por primera vez que el caso les deja en una situación «incómoda».