El Gobierno paga 4.245 millones por el apoyo del PNV a los Presupuestos

Son 4.245 millones de euros. Esa es, aproximadamente, la factura que el PNV le ha endosado al Gobierno a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. La cifra equivale a 705.943 millones de las antiguas pesetas. O, para hacerla más comprensible, supone casi la mitad de todo el presupuesto de la Xunta para el 2017, que alcanza los 9.063 millones. Por cada uno de sus cinco votos en el Congreso, el PNV ha arrancado al Gobierno 849 millones de euros más para el País Vasco. Nadie esperaba que ese apoyo, que permitirá al Ejecutivo tumbar hoy las enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas de los grupos de la oposición con un ajustado empate gracias a sus 137 votos, los 32 de Ciudadanos y los cinco del PNV, saliera barato. Pero la cifra final ha superado todas las previsiones.

Rebaja en el cálculo del cupo

Los nacionalistas vascos no ocultaban ayer su satisfacción por un acuerdo que supone que el Estado compensará al País Vasco con 1.400 millones de euros de los 1.600 que el PNV reclamaba por su desacuerdo con el cálculo del cupo desde el año 2007. Tras una dura negociación que se alargó hasta el comienzo mismo del debate, el Gobierno y el PNV acordaron que esos 1.400 millones se abonarán durante los próximos cinco años. Pero el pacto fija además un Cupo de 956 millones de euros para el 2017, lo que supone una rebaja de 569 millones respecto a los 1.525 millones que el País Vasco pagó en el 2016, y que servirá de base para calcular el Cupo de los próximos cinco años. En total, la rebaja en cinco años sería cercana a 2.845 millones de euros, aunque en el proyecto de Presupuestos para el 2017 que presentó el Gobierno el Cupo ya se rebajó a 1.202 millones de euros para este año.

¿Y qué es el Cupo? Es lo que el País Vasco, que recauda todos sus impuestos, abona cada año al Estado por los servicios que la Administración central presta en esa comunidad por competencias no transferidas. Teóricamente, el País Vasco abona por todo ello la parte proporcional al peso de su economía en el conjunto del Estado. Lo cierto es que, a pesar de que ese peso ha aumentado notablemente en los últimos años, el porcentaje está fijado en un 6,24 % desde el año 1982, lo que supone un importante ahorro para las arcas vascas.

Pero la factura que pagará el Gobierno al PNV por su apoyo a los Presupuestos es en realidad mayor que esos 4.245 millones de euros, porque esa cifra se refiere solo al acuerdo sobre el Cupo. El pacto final incluye además una notable mejora en las inversiones del Estado en el País Vasco y en el impulso a su economía. E incluso podría elevarse todavía más, dado que para aprobar definitivamente los Presupuestos el Gobierno necesita ganar otra votación en el Congreso en la que no solo necesitará de nuevo los cinco votos del PNV, sino que deberá sumar uno más de los 175 que alcanzará hoy.

Pese a lo abultado de la factura, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se felicitó por el acuerdo y afirmó que ninguna comunidad debe sentirse agraviada por lo que consigue el País Vasco. Justificó el pacto con el PNV diciendo que era inexcusable porque la ley del Cupo estaba vencida y «vivíamos una prórroga» que ha sido «la más larga del concierto económico».

Los nacionalistas vascos también expresaron su satisfacción y advirtieron de que este acuerdo no les compromete en la negociación de los Presupuestos para el año 2018.

Impulso al AVE vasco y rebaja en la factura eléctrica para las empresas de la comunidad

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV, en el que se han implicado personalmente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lendakari Iñigo Urkullu, no se refiere exclusivamente al cálculo del Cupo, sino que incluye una larga lista de medidas que supondrán un aumento en las inversiones del Estado en el País Vasco y la mejora de su competitividad. Entre otras cuestiones, se desbloquea la llegada del tren de alta velocidad al País Vasco, lo que incluye la construcción de un acceso soterrado a las estaciones de Bilbao y Vitoria. Se establece un completo «cronograma» en el que se describen las inversiones, con el compromiso de que el AVE conocido como la Y vasca esté plenamente operativo en el 2023 y la conexión con Francia esté concluida en el 2025. El Estado pagará también el nuevo trazado de salida de mercancías del puerto de Bilbao, aunque las gestionará el Ejecutivo vasco. Se arbitran también medidas para reducir el coste energético para la industria vasca. El Gobierno vasco y el PNV ya acordaron en la primera fase de esta negociación el desbloqueo de la oferta pública de empleo para renovar las plantillas de la policía autónoma vasca. Al margen, la Ertzaintza tendrá, gracias a este pacto, acceso a la información de otras policías europeas en materias que sean de su competencia. El Estado español se había negado siempre a que se incluyera a la policía vasca en el Acuerdo Schengen. Por último, se establece una coordinación entre administraciones que afectará, entre otras cuestiones, al control de las ayudas al empleo y a las bonificaciones a la Seguridad Social.