El fiscal acusa a Convergència de usar el Palau como cañería para cobrar sus comisiones

Duro y contundente alegato final del fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, en el juicio del Palau, en el que cargó contra Convergència, a la que acusó de utilizar la entidad cultural para «robar» y financiarse de manera ilícita. CDC tiene un doble motivo de preocupación. Por un lado, su anterior tesorero, Daniel Osácar, se enfrenta a ocho años de prisión por haber formado parte del «tinglado criminal», que la Fiscalía considera que formaban Convergència, el Palau de la Música y Ferrovial. Y por otro, el partido, ahora reconvertido en PDECat, está acusado de haberse beneficiado del expolio de la entidad, es decir, es responsable civil a título lucrativo.

En una larga exposición de los hechos, de más de cuatro horas, en la que presentó una ingente documentación, el fiscal concluyó que Convergència se financió de manera ilegal a través del Palau mediante el cobro de comisiones a Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras de la Generalitat, durante la última etapa de Jordi Pujol, entre 1999 y el 2003.

Según el fiscal, está «plenamente acreditado» que Ferrovial pagó a Convergència a cambio de concursos, como la Ciudad de la Justicia de Barcelona o la línea 9 del metro. Las mordidas alcanzaban el 4 % del coste de cada obra y ese porcentaje se lo repartían entre el partido (2,5 %) y los saqueadores confesos Félix Millet y Jordi Montull (1,5 %). «El Palau era la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial quería hacer llegar a Convergència», afirmó Sánchez Ulled. «Millet y Montull intermediaban entre Ferrovial y el partido», añadió.

Tres vías de cobro

El fiscal arremetió contra «una forma de pensar, un esquema mental», que identificaba a CDC con la Generalitat. Según su relato, el dinero hacia el partido fluía por tres «cañerías»: entregas de dinero a Carles Torrent, tesorero del partido fallecido en el 2005, y después a Osácar, que recogían «abultados sobres» que se guardaban en la caja fuerte de Millet; el pago del Palau a empresas por servicios prestados a CDC; y convenios entre la entidad cultural y una fundación convergente. Algunos de estos acuerdos, según Osácar, eran para promocionar la cultura catalana en fiestas patronales, para que en las verbenas no se escuchara «tanta sevillana y sí más sardanas», un argumento «insultante» para el fiscal, que a su juicio es reflejo de un «mecanismo étnico-mental» muy particular del extesorero nacionalista.

«El gatillo, no la pistola»

El ministerio público cree que Osácar no pudo actuar solo en la organización de la trama corrupta. Entiende que su papel era el de «gatillo de la pistola, pero no es toda la pistola». Y aunque en los papeles del juicio aparece el exconsejero de Justicia y diputado de Junts pel sí, Germá Gordó, quien fue mano derecha de Artur Mas en la dirección de CDC, el fiscal dijo que no quiso acusar por acusar: «Me quedo con aquello que puedo demostrar», remató.