La Comunidad de Madrid paga la defensa a exdirectivos implicados en el caso Lezo

La Comunidad de Madrid paga a través de un seguro privado los gastos que suponen la defensa legal de al menos tres exdirectivos del Canal de Isabel II que están siendo investigados en el caso Lezo, el presunto saqueo de la empresa pública de abastecimiento de agua. La Administración regional, perjudicada en este procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional, dispone de una póliza de responsabilidad civil que ampara a altos cargos y funcionarios con problemas legales por actos que tengan lugar en el ejercicio de sus funciones. Y en el caso de la operación Lezo, que cuenta con unos 60 investigados, 19 de ellos forman parte de la pieza primera, referida al presunto desvío de dinero público en la expansión del Canal en Sudamérica.

De esta lista de encausados, que incluye a personalidades como el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o al expresidente de Inassa (filial del Canal en Colombia) Edmundo Rodríguez Sobrino, ambos en prisión sin fianza desde el 19 de abril, se encuentran tres investigados que han ejercido su derecho a la asistencia letrada que les facilita la Ley 3/1999 y cuyas solicitudes visa la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Según fuentes del Canal, estos tres altos cargos en el momento de la investigación de la operación Lezo son la ex directora financiera María Fernanda Richmond, en prisión preventiva bajo fianza de cuatro millones de euros; el exgerente Adrián Martín, en libertad bajo fianza de 100.000 euros; y el exdirector de la secretaría técnica Fernando de Cevallos, que declarará en el juzgado de la Audiencia Nacional el 18 de septiembre. Los tres fueron despedidos en junio del 2016 por el presidente del Canal, Ángel Garrido, consejero de Presidencia, por las «anomalías» detectadas en la compra por parte de Inassa de la brasileña Emissao. Dicha operación fue aprobada por Canal Extensia, sociedad del Canal para los negocios en Iberoamérica, en la que participaron tanto Richmond como De Cevallos, marido de la diputada Plañiol, exconsejera en el último Gobierno de Esperanza Aguirre. 

Desfalco de dinero público

Esta operación está en el centro de la investigación por un presunto desfalco de 23,3 millones a la empresa de la Comunidad de Madrid, la misma que ahora les paga la defensa a través de una póliza privada. Las citadas fuentes del Canal señalaron que el seguro de responsabilidad civil para empleados existe desde 1995 y es un tipo de póliza privada habitual en las empresas públicas para proteger a sus directivos y administradores por actos que comentan en el ejercicio de sus funciones, y aunque ya no estén en el cargo. Esta póliza, precisaron las mismas fuentes, no cubre fianzas penales de los investigados y si estos resultasen declarados culpables en sentencia firme «tendrían que abonar todos los gastos de defensa ocasionados a la empresa aseguradora, que es quien los paga».

Granados sale de la cárcel y ataca a la Fiscalía y a la Guardia Civil

Francisco Granados abandonó ayer la prisión de Estremera (Madrid) con la sonrisa intacta después de más de dos años y medio, acusado de ser el cabecilla de la trama Púnica, la red de tráfico de influencias que afecta a Administraciones de varias comunidades. El ex secretario general del PP de Madrid enfiló hacia la nube de micrófonos y comenzó su perorata. «Soy inocente. Nunca he metido la mano en la caja», afirmó. Negó tener dinero en el extranjero, aunque la investigación comenzó tras conocerse un depósito oculto de 1,6 millones en Suiza. Y aprovechó para cargar contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía por su interés en «impedir» que se demuestre que los informes en su contra no son ciertos. «Voy a demostrar que son mentira», aseveró.