La oposición ultima una condena en el Congreso a la policía política

PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y el Grupo Mixto ultiman un acuerdo para condenar en el Congreso la existencia de una policía política en el Ministerio del Interior en la época en la que estuvo dirigido por Jorge Fernández Díaz. En este pacto, obviamente, no estará el PP, que en sus conclusiones defiende que la gestión del exministro fue «brillante», que no existió ninguna camarilla policial y que las investigaciones bajo sospecha de rivales políticos o en Cataluña fueron «protocolarias» y, en todo caso, completamente legales.

Los grupos de la oposición han intercambiado ya sus borradores de conclusiones sobre la comisión parlamentaria que durante este semestre ha investigado el supuesto «uso partidista» de la policía. Los diputados pretenden cerrar en una reunión mañana un texto conjunto, aunque sea de «mínimos comunes», pero el acuerdo ya se da por cerrado.

Las premisas «comunes» que apoyarán son, en esencia, que hubo un «uso político de la policía»; que ese grupo se movió fuera de la «estructura orgánica» del cuerpo y fuera del control de los jueces; que Fernández Díaz fue el promotor y consintió ese trabajo, del que también supieron sus secretarios de Estado; que el ex número dos de la policía Eugenio Pino impartía las órdenes; que la policía política trabajó para recopilar pruebas y difundir informaciones inveraces contra los rivales políticos; que trató de ocultar los casos de corrupción del PP; y que una de sus labores principales fue airear rumores contra políticos independentistas catalanes. 

¿Qué sabía Rajoy?

El principal punto de desencuentro entre la oposición es el grado de conocimiento del presidente del Gobierno de estas presuntas operaciones. Podemos, ERC y PDECat dan por supuesto que Mariano Rajoy estuvo al tanto, pero PSOE, Ciudadanos y PNV no lo señalan y, en principio, no están dispuestos a apoyar que se incluya su nombre. Según la formación de Pablo Iglesias, Fernández Díaz reconoció en sus conversaciones (grabadas) con el exdirector de la Agencia Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso que el jefe del Ejecutivo conocía esas maniobras espurias, al igual que la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, y la diputada Alicia Sánchez Camacho.

El PDECat apunta al exministro del Interior como responsable del uso «partidista» de los recursos públicos, pero también señala a Rajoy como conocedor de las actuaciones «ilegales». Esquerra considera que ha quedado «evidenciado» el «claro conocimiento por parte de la Presidencia del Gobierno de las actuaciones del ministro del Interior para la fabricación de falsas pruebas contra partidos políticos catalanes».

El otro punto de desacuerdo entre la oposición es que los partidos catalanes y Podemos exigen que el Congreso lleve a la Fiscalía los resultados de esta comisión de investigación, al entender que hay responsabilidades penales, no solo entre los miembros de esa supuesta policía política, sino también entre ex altos cargos del PP.