La Generalitat mantiene la convocatoria del 1-O y llama a la «resistencia»

«El Estado español ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña y ha aplicado de facto un estado de excepción. Las libertades están siendo suspendidas y reprimidas». Con gesto grave, vestido de negro y arropado por parte de su gobierno, convocado de urgencia unas horas antes, Carles Puigdemont compareció poco después de mediodía para comunicar al mundo lo que la Generalitat considera como «un actitud totalitaria y antidemocrática del Estado». Lo hizo en catalán y, poco después, repitió su intervención en inglés y en francés.

Puigdemont dejó claro desde el primer momento que la convocatoria del referendo ilegal del 1 de octubre se mantiene vigente y recordó a la ciudadanía de Cataluña que están convocados «para defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio». El presidente de la Generalitat no ahorró gravedad a sus declaraciones: «El Gobierno español ha ultrapasado la línea roja que lo separaba de los regímenes autoritarios y represivos y se ha convertido en una vergüenza democrática». 

«Ataque a la dignidad»

En ese momento, decenas de ciudadanos se concentraban en algunos de los puntos donde la policía había efectuaba los registros ordenados por el juez. Fueron las primeras reacciones que no tardaron en ser espoleadas por las fuerzas independentistas. La propia presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, leyó en su despacho una declaración institucional en la que afirmaba, entre otras cosas: «Hoy han sido atacadas las instituciones de Cataluña, el autogobierno y la dignidad del pueblo catalán».

La intervención del presidente Puigdemont fue replicada por otras fuerzas constitucionalistas, entre ellas Ciudadanos que, a través de Inés Arrimadas, acusó al presidente de la Generalitat de «cargarse la autonomía» y aseguró que la estrategia de tomar las calles «estaba en su hoja de ruta».

Tanto la Asamblea Nacional Catalana como Ómnium Cultural, así como otras fuerzas soberanistas como la CUP, hicieron un llamamiento a la «resistencia pacífica», convocando una concentración en el centro de Barcelona, en las inmediaciones de la Consejería de Hacienda. La manifestación se fue nutriendo de gente a medida que avanzaba la jornada, con miles de personas cuando ya había caído la noche.

La CUP tuvo un papel relevante en las movilizaciones, ya que fueron algunos de sus militantes quienes primero llegaron a tratar de impedir los registros ordenados por el juez, incluso a interponerse para evitar la circulación de los vehículos policiales. El llamamiento de las organizaciones soberanistas era a una movilización «pacífica y serena», pero también «firme y contundente». En buena medida, la recomendación se trasladó a los manifestantes, ya que apenas se registraron incidentes dignos de mención. Los concentrados corearon con frecuencia consignas como «¡Votarem!» o «independencia».

Las concentraciones no solo tuvieron el centro de Barcelona como escenario, sino que se produjeron también en otros numerosos puntos de la comunidad catalana. Para el próximo domingo, las entidades soberanistas han convocado manifestaciones en las plazas de todos los municipios de Cataluña en favor del referendo ilegal.

El Barça sale en defensa del «derecho a decidir»

Numerosas instituciones catalanas se pronunciaron sobre los acontecimientos acaecidos a lo largo de la mañana, la mayoría apoyando la celebración del referendo ilegal. Entre ellas la más conocida a nivel internacional: el Fútbol Club Barcelona. En un comunicado emitido por la mañana, la entidad azulgrana manifestaba su compromiso con «la defensa del país, de la democracia, de la libertad de expresión y el derecho a decidir», condenando «cualquier acción que pueda impedir el ejercicio de estos derechos».

No fue el único colectivo en manifestarse en un sentido similar. El Consejo de la Abogacía Catalana, también criticó la operación policial y los registros, que calificó de «indiscriminados y arbitrarios». El consejo, que agrupa a los decanos de todos los colegios de abogados de Cataluña, considera que la operación se efectuó violando la ley de Enjuiciamiento Criminal y apuntando que la entrada en los despachos de abogados podría haber violado asimismo el secreto profesional. Las federaciones catalanas de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO, se pronunciaron de forma conjunta calificando la acción policial como desproporcionada: «Es un camino que lleva al enfrentamiento político y social indeseable», según las dos centrales.

También se pronunciaron los rectores de las ocho universidades públicas catalanas que reclamaron el diálogo como única vía posible para el entendimiento en democracia. Los rectores condenaron lo que consideraron como «episodios coercitivos de la libertad de expresión» de los últimos días. Los obispos catalanes, también a través de un comunicado, pidieron que se rece por Cataluña, «que vive un momento delicado de su historia». «Pedimos también a Dios por todas las personas que tienen la responsabilidad en el gobierno de las diferentes administraciones públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia social», dijeron.

Otras 58 asociaciones de cultura popular mostraron su apoyo al referendo ilegal del 1-O a través de un manifiesto. Las asociaciones de vecinos pidieron que fuera defendido en la calle.