La Fiscalía presentará el lunes una querella por rebelión que prevé penas de hasta 30 años de cárcel

La Fiscalía baraja la posibilidad de presentar una querella por rebelión contra todos aquellos que han participado en la aprobación de una declaración de independencia para Cataluña. 

Tras la votación en el Parlament, fuentes de la Fiscalía General del Estado han precisado que la querella se presentará el próximo lunes y que incluirá, al menos, a los integrantes del Govern y a los miembros de la Mesa que han permitido la tramitación en el Parlament de la moción por la que se ha declarado la independencia, aunque estudia ampliar esa acción penal a «todos» los que han permitido la comisión del presunto delito.

El delito de rebelión, que persigue a los que «se alzaren violenta y públicamente» para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30 años.

La Fiscalía lleva semanas preparando una querella por un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel- contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante la hipótesis, confirmada hoy, de que se proclamase la independencia, pero este viernes ha avanzado que esa acción penal iría dirigida a «todos» los que efectivamente participasen en la aprobación, que finalmente ha salido adelante con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco.

Ante la decisión de Puigdemont de trasladar al Parlament la aprobación de una declaración unilateral de independencia basada en el referéndum ilegal del 1-O, la Fiscalía se ha planteado la posibilidad de ampliar la responsabilidad a todos aquellos que han participado en su votación.

Con la querella contra Puigdemont ya casi ultimada, la Fiscalía General del Estado no ha decidido aún ante qué tribunal la interpondrá, lo que depende de los distintos escenarios que se abrirán con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por desobediencia del Gobierno de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley.

No obstante, fuentes jurídicas apuntan a que la querella, al menos en el caso de Puigdemont, se remitirá con toda probabilidad al Tribunal Supremo, al considerar que los hechos afectan a todo el territorio español e incluso se han cometido en el extranjero, como es el caso de algunas webs vinculadas al referéndum que estaban alojadas en servidores de otros países.

Otra de las posibilidades es que la aplicación del artículo 155 comporte la inhabilitación de Puigdemont como presidente de la Generalitat e incluso su posible cese como diputado del Parlament, por lo que perdería el fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y entonces la Fiscalía presentará su querella por rebelión ante la Audiencia Nacional.

La Fiscalía podría decidir también presentar su querella por rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde la magistrada Mercedes Armas ya instruye una causa por desobediencia, prevaricación y malversación contra Puigdemont y el resto de miembros del Gobierno catalán por los decretos para convocar y organizar el referéndum independentista del pasado 1 de octubre.