La huida de Puigdemont puede prolongarse hasta el próximo año

Carles Puigdemont ha decidido buscar refugio en el corazón de la UE en busca de un trato judicial benigno a su vuelta. La Justicia española se prepara para cursar una orden europea de detención si ignora la citación para comparecer hoy ante la Audiencia Nacional. Si se tramita la demanda, el exilio del expresidente podría alargarse hasta el 2018.

¿Qué consecuencias podría tener su incomparecencia?

La jueza Carmen Lamela deberá decidir si acepta la solicitud de comparecencia a distancia. Una opción casi descartable. Ningún recurso que presente el equipo jurídico de Puigdemont podrá frenar la citación judicial prevista para hoy. Si Puigdemont persevera en el incumplimiento, Lamela podría dictar prisión preventiva y emitir una orden europea de detención, ya que los delitos imputados entrañan penas que superan el año de cárcel.

¿En qué consiste la euroorden?

Es uno de los mecanismos más efectivos en la UE para lograr la extradición de una persona fugada de la Justicia de su país. Se trata de una resolución judicial dictada por un Estado miembro «con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad», dicta la legislación europea. La norma se apoya en el principio de reconocimiento mutuo. De antemano, todo Estado miembro de la UE ofrece unos estándares mínimos de garantías legales: derecho a interpretación y traducción, a ser informado de los propios derechos, a un abogado, a la presunción de inocencia y a contar con ayuda legal. «Su aplicación solo podrá suspenderse en caso de violación grave y persistente por parte de uno de los Estados miembros», sostiene la normativa. No es el caso de España.

¿Aceptará la Justicia belga la petición?

Lo más probable es que sí. Solo hay tres supuestos claros por los que podrían negarse. En caso de que la persona que se quiere extraditar ya haya sido condenada por el mismo delito en otro país, porque el delito es «amnistiado» en el país al que se solicita la extradición o porque, debido a su edad, la persona en busca y captura no es responsable penalmente en el país al que se solicita la detención. Ninguno ampara al expresidente. Pero sí hay salvaguardas a las que se puede agarrar para esquivar la orden. Según la legislación, Bélgica puede negarse a aceptar la demanda si se demuestra que, en tiempo o forma, el imputado no fue informado correctamente de su citación, que debe ser notificada «con suficiente antelación» para acudir a juicio. Las autoridades belgas tienen margen discrecional para denegarla alegando, por ejemplo, falta de garantías para «un juicio equitativo». También podrán estudiar la «proporcionalidad» de la demanda, considerando la gravedad del delito, la extensión de una eventual condena y el coste y beneficios de ejecutar la orden.

¿Acabará detenido Puigdemont?

Una vez que se tramite «con carácter de urgencia» la petición española, y si el juez de instrucción da luz verde, la policía belga deberá detener a Puigdemont y valorar si es necesario encarcelarlo. El expresidente deberá decidir si accede voluntariamente a volver a España (paso irrevocable y devolución en diez días) o permanecer en Bélgica. Bekaert anunció ayer que se resistirá y agotará todos los cauces legales, sin excluir el asilo.

¿Quién decidirá sobre la entrega a España?

Con la negativa de Puigdemont, se abre un procedimiento de recursos para evitar su arresto. Los plazos podrían extenderse más allá de dos meses. Cualquier demora deberá ser justificada. Una vez que el proceso se cierre, será la Cámara del Consejo de Bruselas la que decida en el plazo de 15 días si sigue adelante con el caso o da carpetazo a la demanda. Cualquiera de las partes podrá apelar la decisión a través de vías de «recurso extraordinario». Eso llevará el caso hasta el tribunal de casación, que deberá dictar sentencia en el plazo de 15 días. En todo caso, la Justicia belga podrá negarse a devolver a Puigdemont si considera que corre «un grave riesgo de ser sometido a pena de muerte, tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes».

¿Cuándo sería entregado?

Si todo el proceso anterior desemboca en la extradición, Bélgica deberá entregar al prófugo «lo antes posible, en una fecha acordada entre las autoridades implicadas», pero la devolución no se podrá aplazar sine die: «A más tardar, diez días después de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea», reza la legislación. Todo el proceso podría alargarse entre dos y tres meses. Existe otra modalidad de entrega, la «preventiva». Si Bélgica opta por esta vía, puede acordar con las autoridades judiciales españolas ciertas «condiciones» o garantías.