Un estudio eleva a 25.000 millones los daños económicos causados por ETA

Que la actividad terrorista de ETA tuvo un impacto económico en el País Vasco y el resto de España es algo indudable. Lo difícil ha sido ponerle cifra. El libro La bolsa y la vida (Ed. La esfera de los libros), a la venta desde esta semana, aborda con todo tipo de «cautelas» este fenómeno. Secuestros, robos, chantajes y atentados. La banda terrorista causó miles de víctimas -el número de extorsionados podría superar los 9.000- y se estima, así recoge la publicación, que «el coste directo de la existencia de ETA» ascendió a 25.000 millones de euros.

Los costes más elevados

Lemóniz y Leizarán. ¿Hasta qué punto se puede cuantificar el impacto que ha tenido ETA en la economía? Los autores del libro establecen unos costes directos de la existencia de la banda -actualizados a diciembre de 2016- de entre 20.000 y 25.000 millones de euros. Dos proyectos que estuvieron en el punto de mira de los terroristas generaron un gasto especialmente elevado: el cierre de la central nuclear de Lemóniz supuso alrededor de 6.000 millones, y la autovía de Leizarán, que se inauguró tras haber cambiado el trazado, casi diez millones. ETA asesinó, además, a ocho personas vinculadas a ambas obras. Según se recoge en la publicación, en los años más duros de ETA -hasta mediados de los noventa-, el coste directo de secuestros, extorsiones y atracos rondó los 87 millones de euros.

Seguridad

6.000 millones. Los gastos policiales y penitenciarios superaron los 6.000 millones de euros. En materia de seguridad, solo entre los años 1994 y 2003, se destinaron más de 30 millones a los partidos políticos, mientras que se calcula que lo gastado entre el 2000 y 2013 en proteger a los amenazados ascendió a 1.625 millones. Más de 400 millones se destinaron a indemnizaciones. «Evidentemente, este coste es muy inferior al que ETA ha podido causar por la vía de la reducción del potencial de crecimiento económico», sostienen los autores. La estimación «más respetada» del porcentaje del PIB per cápita perdido por los vascos es del 10 %. Otros estudios hablan de porcentajes superiores al 20 %. «La cuantificación en estos términos resulta extremadamente difícil», asumen.

Extorsiones

Más de dos millones al año. ETA tardó años en conseguir el dinero que le permitiría emprender la vía de la violencia. Hasta que fue capaz de autofinanciarse por medio de los atracos a mano armada, la banda «se nutrió de las suscripciones de sus miembros». Según el primer informe policial que menciona a la organización, fechado en agosto de 1961, «las cotizaciones de los etarras eran de entre 3 y 5 pesetas semanales», revela el libro. La maquinaria de la extorsión empezaba, ahora bien, a asomar la cabeza. Se empezaron a preparar «listas de gente con posibilidades», «más o menos nacionalista». Presuntamente, los donativos eran voluntarios, si bien los terroristas advertían ya entonces: «si entre los visitados alguno no es patriota vasco puede negarse a pagar. Pero no olvide que la delación se paga con la muerte». Una denuncia en 1964 de Ramón de la Sota Mac Mahon, influyente empresario y político vinculado al PNV, frenó la extorsión. O más bien la postergó. En 1975, el mal llamado impuesto revolucionario estaba ya en marcha. Según un informe de la Guardia Civil citado en el libro, se calcula que la banda logró en un año hacerse por esta vía con un presupuesto de unos 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros). Vista la rentabilidad del chantaje, hubo quienes buscaron «enriquecerse a costa del creciente miedo». El 5 de julio de 1978 en Zarauz, ETA-pm asesinó a Domingo Merino Arévalo, a quien acusó de hacerse pasar por el líder etarra Txomin Iturbe para extorsionar a algunos empresarios. El descontrol hizo que los terroristas suspendieran provisionalmente el impuesto revolucionario.

Secuestros

Cinco asesinados. Recurrieron entonces al secuestro de industriales y directivos. En total, 38. Otros trece fueron retenidos y puestos en libertad con tiros en las piernas. El primer secuestro que acabó con el asesinato de un rehén fue el de Ángel Berazadi, un industrial guipuzcoano cercano al PNV. Fue en 1976. La familia se declaró incapaz de sufragar los 200 millones de pesetas (algo más de un millón de euros) que le reclamaba la banda. Ofreció una cantidad menor, pero los terroristas decidieron «dar un escarmiento a los empresarios vascos». Cuatro secuestros más tuvieron el mismo trágico desenlace.

Ingresos por secuestros

36 millones. ETA funcionó «con un presupuesto bastante limitado». «En su mejor momento, a mediados de los ochenta, el presupuesto anual de ETA oscilaba entre los 5 y 6 millones de euros, mientras que el IRA multiplicaba casi por cinco esas cifras», señalan los expertos. Su primer atraco fue en septiembre de 1965. Asaltaron a un cobrador del Banco Guipuzcoano, que les dejó «un sustancioso botín de 2,75 pesetas, las monedas que llevaba el empleado para dar el cambio cuando cobrara los recibos». Entre 1977 y 1986 -cuando abandonaron esta práctica-, obtuvieron unos 555 millones de pesetas (3,3 millones de euros). Mediante secuestros, los autores estiman que la banda se hizo con más de 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros), lo que se cree permitió a ETA financiarse durante quince años. Las cantidades que la banda reclamaba a los extorsionados oscilaban entre las 200.000 pesetas y los 50 millones de pesetas (hasta 300.000 euros). Según la documentación intervenida en Sokoa, los terroristas habrían recaudado hasta 1986 un total de 1.163 millones de pesetas, equivalentes a 6,9 millones de euros. La disponibilidad de recursos de la banda fue mucho mayor en los setenta y ochenta, cuando funcionaba con un presupuesto de entre 4,5 y 6 millones de euros -en valor actualizado-, mientras que a principios del siglo XXI la cifra no llegaba a los 2 millones.

Presos

Cada recluso, 115 euros al mes. Capítulo importante del gasto de ETA fue el apoyo prestado a sus presos. Papeles de la banda incautados en 1992 en Bidart reflejaban que la banda gastaba al año 270.000 euros en sus militantes encarcelados en Francia. Datos de Gestoras pro Amnistía revelaron que el presupuesto para 1991 destinado a los reclusos en España ascendió a 1,19 millones de euros -en los años siguientes, se duplicó-. Cada recluso recibía mensualmente 115 euros. Pero dicha cantidad varió con el paso del tiempo. Así, en el 2005 se vio reducida a los 100 euros. En el 2001, Gestoras fue ilegalizada. Entonces contaba con un presupuesto de 3,28 millones de euros. Las ayudas directas a los presos ascendían a un millón.