Bárcenas ratifica que Costa le avisó de la facturación falsa de los costes electorales del PP valenciano

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha ratificado este martes ante el juez José María Vázquez Honrubia de que el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa le avisó de que la formación política había dado instrucciones de girar facturas falsas a empresarios para que sufragasen los costes de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

Bárcenas ha declarado como testigo en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana en la que se analiza cómo el partido liderado entonces por Francisco Camps pagó los eventos contratados con la empresa de la trama Gürtel Orange Market.

A preguntas de la fiscal Myriam Segura, Bárcenas, que en 2007 y hasta junio de 2008 era gerente del PP, ha confirmado que se reunió con Costa, debido a la ausencia del entonces tesorero Álvaro Lapuerta, donde el político valenciano le comunicó que estaba «preocupado» porque el exvicepresidente regional Víctor Campos le informó de las instrucciones dadas por Camps y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino sobre «tener relaciones con los empresarios que financian al partido», mostrándole sobres con dinero en efectivo.

«No recuerdo el detalle exacto, recuerdo el hecho», ha comenzado diciendo Bárcenas. «No sé si hablamos de asignar facturas a determinadas empresas para que se hiciesen cargo de gastos del partido, le trasladé que estaba terminantemente prohibido», ha relatado.

«No se cumplieron las instrucciones»

Bárcenas ha asegurado que después informó a Lapuerta de esta conversación y ha concretado que éste le dijo que «hablaría con Valencia para decirles que eso estaba prohibido». «Yo me imagino que hablaría» con los responsables del partido regional, pero «parece ser que no se cumplieron las instrucciones».

En otro momento de la declaración, Bárcenas ha explicado al juez cómo se financiaban las campañas electorales. Ha apuntado que él era administrador de las campañas de 2007, mientras que las de 2008 fue su sucesor Cristóbal Páez -también citado a declarar como testigo-. En este sentido, ha indicado que él controlaba los gastos de los comicios municipales, ya que la sede nacional remitía unos fondos a las sedes provinciales para organizar los actos electorales.

No obstante, ha subrayado que «había una instrucción precisa de que los únicos fondos que se podían utilizar en campaña eran esos, cualquier gasto no controlado podía suponer superar los límites de gastos». Asimismo, ha constatado que existía un manual de campaña en el que figuraban «muy claramente» esas indicaciones de que no estaba permitido aportar «fondos propios».

Autonomía para organizar actos

En cuanto a las campañas autonómicas, ha afirmado que era cada comunidad la que contrataban los servicios que necesitaban pues tenían «autonomía para organizar los actos», salvo si participaba el candidato a la presidencia del Gobierno, que entonces se encargaba de todo la sede nacional.

Aún así, ha precisado que «había una parte de la contratación que se hacía de forma generalizada» desde la sede de la calle Génova de Madrid para optimizar los costes, pero después se pedía a los proveedores que «fraccionasen» esa factura imputando a cada sede provincial el importe que le correspondían a cada uno de ellos.