Un Gobierno paralizado y sin perspectivas

Ya no son solo el desafío secesionista en Cataluña, controlado gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a la acción de la Justicia, y la corrupción, que sigue presente casi todos los días en los tribunales y en los medios de comunicación. A Mariano Rajoy se le acumulan los frentes abiertos sin que encuentre los antídotos necesarios para desactivarlos. Las masivas protestas en la calle de las mujeres y de los pensionistas han cogido con el pie cambiado a un Gobierno que está a la defensiva, totalmente desbordado por los acontecimientos, y es incapaz de tomar la iniciativa y de salir de la situación de parálisis en la que está sumido.

El asunto que más preocupa a Rajoy es el de los pensionistas, el gran granero de votos del PP. Sabe que lleva las de perder ante la demanda de que suban de acuerdo con el IPC, como exigen PSOE y Podemos en sintonía con los afectados por el nimio aumento el 0,25 % que mantiene el Gobierno y que devora la inflación. Ni los llamamientos a la tranquilidad y a la responsabilidad que Rajoy hizo el miércoles en la Cámara Baja ni sus anuncios de futuras subidas de las mínimas y de viudedad, que ligó a la aprobación de los Presupuestos, han calmado a los jubilados, como se pudo comprobar ayer. 

Dos años de parálisis

España lleva casi dos años y medio sin un Gobierno que desarrolle su labor en plenitud, primero por el bloqueo que hizo que Rajoy continuara ejerciendo en funciones y ahora debido a la parálisis que provoca que el PP esté en minoría en el Congreso. Estamos ante una legislatura fallida en la que el Gobierno solo ha logrado aprobar ocho proyectos de ley y ha utilizado la herramienta de los decretos leyes para legislar por la vía rápida. Para bloquear las propuestas de la oposición ha impuesto el veto por razones presupuestarias, previsto en la Constitución, con lo que ha frenado casi 50 leyes de diferentes grupos, algo sin precedentes. En otras ocasiones ha recurrido a las prórrogas en la fase de enmiendas.

Pero, a partir de ahora, lo que se avecina puede ser aún peor para el PP si Ciudadanos cumple su compromiso de dejarlo solo en el bloqueo para debatir y, en su caso, derogar o cuando menos modificar algunas leyes estrella de Rajoy, como la ley mordaza, la reforma laboral o la prisión permanente revisable, o también otras como la vigente ley electoral. En la Moncloa confían en que es muy difícil que la oposición se ponga de acuerdo para pactar una alternativa común a estas normas. Ciudadanos y Podemos están de acuerdo en reformar la ley electoral, pero no así el PSOE. En cuanto a la reforma laboral, la disparidad de planteamientos entre socialistas, morados y naranjas es manifiesta. En lo que se refiere a la prisión permanente revisable, el PP cuenta con el respaldo de la opinión pública, que está en contra de su derogación, sobre todo después de casos tan abominables como los de Diana Quer y Gabriel Cruz. Sus cálculos son que, incluso si se llegara a derogar, sería un arma que se volvería contra la izquierda. Para no perder en la lucha electoral que mantiene con los populares, el partido de Albert Rivera ha cambiado su posición desde considerar esta pena «inhumana e innecesaria» a apoyarla ahora. 

Financiación y pacto educativo

Pero si bien es cierto que es complicado que se deroguen algunas leyes aprobadas por el PP en la legislatura pasada gracias a su mayoría absoluta, también lo es que las posibilidades de que la financiación autonómica o el pacto educativo, que son fundamentales, salgan adelante son mínimas. El PSOE ha optado por endurecer su oposición y ha abandonado la subcomisión que desde hace 15 meses intenta llegar a un consenso sobre la educación, y tampoco parece estar por la labor de pactar la financiación autonómica, dada la proximidad de las elecciones del 2019, aunque barones como Susana Díaz o Ximo Puig lo consideran urgente.

La aprobación de los Presupuestos también está en el aire, no solo por las exigencias de Rivera, sino sobre todo por la posición del PNV, que se niega a dar su visto bueno mientras el artículo 155 siga en vigor en Cataluña. En todo caso, esta situación se podría revertir, ya que los nacionalistas vascos no parecen dispuestos a renunciar a los privilegios que logró en el pacto que suscribió con el PP para apoyar los Presupuestos del 2017. 

Presupuestos, objetivo de Rajoy

Ciudadanos, por su parte, tampoco quiere o, al menos eso dice públicamente, forzar un adelanto electoral, pese al espectacular avance que le pronostican todas las encuestas. Más bien, lo que pretende la formación naranja es desmarcarse de un Gobierno paralizado y contra las cuerdas y erigirse en oposición de cara a las elecciones del 2019.

Con toda la intención, Rajoy ha ligado las mejoras en las pensiones más bajas a la aprobación de los Presupuestos para forzar su aprobación por parte de Ciudadanos y PNV o, en caso contrario, hacerlos responsables de que no suban. A estas alturas, aprobar las cuentas públicas es prácticamente el único objetivo del presidente para llevar la legislatura hasta el año 2020, como pretende.

El PP no saca rédito electoral de la aplicación del 155

Paradójicamente, la decisión más importante que ha tomado Mariano Rajoy en lo que va de legislatura, la aplicación por primera vez del artículo 155 de la Constitución, no le ha dado réditos electorales pese a su eficacia para contener el desafío independentista. Al contrario, el PP cosechó unos resultados catastróficos en las elecciones catalanas y ha sido Ciudadanos el que ha capitalizado su posición de firmeza no solo en Cataluña, sino en toda España.