El Gobierno hace equilibrios entre Montoro, el juez Llarena y la presión de Rivera

El Gobierno se enfundó este jueves el traje de equilibrista para justificar la rotundidad de Cristóbal Montoro sin desacreditar la instrucción del juez Pablo Llarena. El Ejecutivo intentó mediar después de que el ministro de Hacienda descartara que las urnas del 1 de octubre o la manutención de Carles Puigdemont en Bruselas se hayan financiado con «dinero público», pese a que se investiga a los dirigentes secesionistas por supuesta malversación.  

«Hacienda tiene unos datos, la Guardia Civil tiene otros y la autoridad judicial valorará cómo y desde dónde se han pagado algunas partidas del referendo», intervino el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, mientras fuentes del PP lamentaban el nuevo embrollo. La del pasado fin de semana no es la primera vez que Montoro niega que el independentismo se nutriera de fondos públicos. Aunque quizá sea la más inapropiada ahora que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha pedido al Supremo que detalle los indicios de que Puigdemont pudo cometer un delito de malversación. El 7 de febrero, incluso Mariano Rajoy compró en el Congreso el argumento de Hacienda al garantizar que «ni un solo euro» del Fondo de Liquidez Autonómica se usó para costear el referendo ilegal. El jefe del Ejecutivo se aferró entonces a que el dinero del FLA no se paga a las comunidades, sino «directamente» a los proveedores.  

Recursos

Además, el presidente recordó el control ejercido sobre las cuentas de la Generalitat desde el 2015 y reforzado en julio del 2017 para prevenir que los recursos otorgados a Cataluña fueran a parar al 1 de octubre. Es más, en septiembre la intervención del presupuesto fue total. El único resquicio que Montoro deja, por lo tanto, a la investigación del juez es determinar si hubo falseamiento de facturas o si, por ejemplo, «abrir un recinto público para un acto político ilegal» también es malversación. Fuentes gubernamentales añaden que, además, la Generalitat tenía un margen para recaudar a través de impuestos propios. Ahora será el ministro de Hacienda quien traslade a Llarena la documentación en la que fundamenta que no hubo desvío y los certificados de los pagos de la Generalitat desde el 2015. Algo que la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, considera una buena «oportunidad».

En el Gobierno creen ver en Montoro un exceso de celo por demostrar su capacidad de supervisión de las cuentas. Sobre todo porque Albert Rivera volvió a amagar este jueves con pedir dimisiones de confirmarse que Rajoy y su ministro «mintieron a los españoles». Ciudadanos, además, solicitó la comparecencia en el Congreso del titular de Hacienda.