PP y C's llevan su pugna a Cataluña y deciden recurrir la delegación de voto

PP y Ciudadanos trasladaron a la Cámara catalana la pugna que mantienen por la hegemonía del centroderecha en España. Las dos formaciones constitucionalistas anunciaron ayer, después de haberlo descartado la víspera, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de permitir la delegación de voto de Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín. «Es una violación de nuestros derechos como diputados y un trato de favor injustificable», afirmó Xavier García Albiol, del PP. «Estamos en desacuerdo» con que «el Parlamento dé privilegios a quienes se saltan las leyes», la delegación de voto «no está pensada para huidos de la Justicia», señaló Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos.

Las impugnaciones tendrán en principio poco recorrido práctico porque la presentación del recurso no impedirá que Puigdemont y Comín puedan votar en un eventual pleno de investidura. Solo se frena la decisión si el recurrente es el Gobierno y solicita la suspensión cautelar.

Arrimadas criticó al Gobierno central y le acusó de «inacción» por haber renunciado a dar la batalla judicial en este asunto, porque prefiere, según la dirigente de Ciudadanos, facilitar que se forme gobierno en Cataluña, se ponga fin al 155 y regrese una cierta normalidad institucional. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que «lo urgente y lo razonable» en estos momentos es formar ya un Ejecutivo en Cataluña que cumpla la ley, inicie una «recuperación» económica, social e institucional y ponga fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. «Todos» deben ayudar a «abrir una etapa de diálogo», dijo al ser preguntado sobre si tomará alguna iniciativa respecto a los votos delegados.

Los sufragios de Puigdemont y Comín son decisivos para que JxCat y Esquerra puedan ganar la votación de una investidura en segunda vuelta sin necesidad de recurrir a la CUP. Ciudadanos elevó el tono contra Rajoy porque sostiene que el que debe impugnar es el Gobierno para que se suspenda la delegación del voto de Puigdemont y Comín.

Ley de Presidencia

El recurso de los partidos, en cambio, podría tardar meses en resolverse. Lo que difícilmente pasará por alto el Gobierno será la reforma de la ley de la Presidencia, con la que JxCat querría investir a distancia a Puigdemont. Esquerra insistió ayer en que no ve claro que el cambio legal pueda votarse en el pleno de la próxima semana, como pretenden sus socios. Los secesionistas están a la espera de lo que resuelva el Consejo de Garantías Estatutarias, que dará a conocer si el cambio legal impulsado por JxCat se ajusta o no al Estatuto y a la Constitución.

A la espera de la investidura y de forma tímida, la Cámara catalana empieza a ponerse en marcha. Ayer se activaron siete comisiones, se desbloqueó la actividad y se aprobaron dos informes sobre el cumplimiento del presupuesto del hemiciclo, así como el decreto de recuperación de una parte de la paga extra de los funcionarios. En las votaciones pudo participar a distancia Comín por primera vez, igual que Puigdemont.

Juan Rosell pide que se restaure la legalidad en Cataluña

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, pidió ayer que «entre todos» se consiga recuperar la legalidad en Cataluña y, a partir de ahí, «ponernos a trabajar y, con el tiempo, arreglar las cosas». Rosell ha mostrado el apoyo de la patronal a la democracia y su respeto a las leyes, que «se pueden cambiar y variar», pero que para ello «existen los mecanismos legales» adecuados. En este sentido, el presidente de la patronal ha asegurado que «nada es más valioso que la democracia», aunque ha reconocido que tiene «defectos», pero que pueden ir «mejorándose, puliéndose, restaurándose».

Hacienda remite al juez los datos de la Generalitat sobre las subvenciones a AMI, ANC y Òmnium

En medio de la polémica por las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que la Generalitat no había malversado dinero público para el 1-O, el secretario de Estado de Hacienda realizó varios requerimientos a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal Planellas, para solicitarle información sobre los pagos realizados en forma de subvenciones desde el 2015 a las entidades soberanistas Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural y a sus presidentes Neus Lloveras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de a otras organizaciones. Incluye en esas peticiones los pagos a Oriol Soler, conocido como uno de los cerebros del procés, a empresas de Jaume Roures y otras como Agrolimen, varias tecnológicas, el diario Ara y los expedientes de pago para todos los estudios y conferencias relacionados con el independentismo. Las respuestas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cuyo titular las reenvió a la policía judicial para su estudio. El secretario de Estado preguntó además por los gastos del Diplocat y por la contratación de varias campañas publicitarias para promocionar el 1-O.

El exjefe de Unipost, ante el juez

El ex director general de Unipost Pau Raventós aseguró ayer al juez de Barcelona que investiga a varios altos cargos del Gobierno catalán por malversación que su empresa no cobró ni un euro de la Generalitat por encargos vinculados al referendo ilegal. Sí admitió que llegaron a elaborar presupuestos por encargos. La Guardia Civil concluyó en un informe que la compañía postal facturó 979.661,96 euros a la Generalitat por repartir cartas a los componentes de las mesas electorales.