Montoro busca financiar los 3.300 millones del alza de las pensiones gravando a las tecnológicas

El Gobierno ha dado un giro de 180 grados en su discurso sobre la revalorización de las pensiones y, recién superado el primer trámite parlamentario para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer -en contra de lo sostenido no hace tanto- que hay «margen» para financiar la subida de las pensiones, pactada con el PNV a cambio de sacar adelante las cuentas del ejercicio. El ministro cifró en 3.300 millones (1.500 este año y 1.800 el próximo) el coste del alza, y a la pregunta de cómo se sufragará -cabe recordar que la Seguridad Social es crónicamente deficitaria- avanzó que utilizando lo que el Estado se ahorra en intereses de la deuda y tirando de nuevas fórmulas impositivas, por ejemplo de un gravamen a las grandes tecnológicas, como Google o Facebook.

«Tenemos, por un lado, margen en el 2018 a través de ahorros que nos permiten financiar esa cifra [menores intereses por la deuda y pagos inferiores a los previstos en las sentencias sobre las autopistas de peaje], y hay una nueva fiscalidad europea, en la que España está participando activamente y que propondremos al Pacto de Toledo», explicó Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El nuevo gravamen es el impuesto a los gigantes digitales que pretende imponer la UE y por el que la Comisión propone que tributen un 3 % si su facturación anual rebasa los 750 millones y más de 50 de ellos los generan en la UE.

El ministro, que subrayó que la subida de las pensiones «es perfectamente compatible con la eliminación del déficit público», insistió en que «habrá que ir actualizando impuestos, no sobre el consumo, sino sobre actividades económicas que hoy no están pagando lo suficiente. Es lógico que vayamos a nuevas fórmulas de gravamen». 

Salir del «dramatismo»

Como en ocasiones anteriores, lanzó un mensaje de tranquilidad sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. «Hay que salir del dramatismo», dijo, para añadir que, mientras el déficit de la Seguridad Social no desaparezca -algo previsto para el 2021-, «será el Estado el que atienda su cobertura prioritaria», con acuerdos políticos en el seno del Pacto de Toledo. «Estoy seguro de que, después de todo lo vivido en los últimos días, vamos a ser capaces de alcanzar un acuerdo pronto», apostilló.

El Consejo de Ministros también aprobó ayer la actualización del Programa de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno remitirá el lunes a Bruselas con las estimaciones de crecimiento y ajustes de deuda y déficit previstos entre el 2019 y el 2021. 

Un crecimiento cercano al 2,5 %

Los cálculos del Ejecutivo son moderadamente optimistas, ya que, según el cuadro macroeconómico presentado por el ministro de Economía, Román Escolano, España tendrá un crecimiento cercano al 2,5 % hasta el final del período, cuando la tasa de paro caerá por debajo del 11 % (concretamente al 10,7 %). Hasta entonces se estima que se crearán 1,7 millones de puestos de trabajo, recuperando todo el empleo destruido durante la crisis y alcanzando los 20 millones de ocupados en el 2020.

Escolano se refirió a la inversión y a las exportaciones como las fuerzas impulsoras del crecimiento del país, asegurando que la economía encadenará ocho años de crecimiento, ya que la previsión es que hasta el 2021 dichos motores económicos mantengan su fortaleza: «El ciclo no se agota». En cualquier caso, aunque no se agote, sí parece ralentizarse. Ayer mismo se conoció que la economía creció un 0,7 % en el primer trimestre, aunque el avance del PIB en tasa anual se frenó dos décimas, hasta el 2,9 %, su nivel más bajo desde el inicio del 2015.

Montoro, por su parte, destacó la consolidación fiscal, ya que, «después de catorce años», en el 2021 se llegará al déficit cero y la deuda bajará al 89,1 %.