Tres jefes de ETA serán juzgados por delitos de lesa humanidad

La semana del anuncio de la disolución de ETA 58 años después de su primer asesinato, previsto para este viernes en un acto en la localidad francesa de Carbó, comenzó este lunes con la confirmación del procesamiento por un delito de lesa humanidad de tres históricos dirigentes en prisión. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela concluyó el sumario contra Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, Mikel Carrera Sarobe, Ata, y Ángel Iriondo Yarza, Gurbitz, por su presunta responsabilidad en los asesinatos o secuestros perpetrados por la banda terrorista desde el 1 de octubre del 2004, cuando entró en vigor en España este tipo penal.

La magistrada adoptó esta decisión tras tomar declaración indagatoria a los tres miembros de la cúpula etarra, quienes cumplen condena en Francia. No así respecto del exparlamentario de la ilegalizada Euskal Herritarrok (EH) José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, a quien no se ha podido comunicar su procesamiento al encontrarse en la actualidad en busca y captura. Ello pese a que el destacado dirigente etarra podría ser uno de los encargados de anunciar este viernes en un vídeo la disolución de la banda

Una vez concluida la fase de instrucción, la jueza remitió el sumario a la Sala de lo Penal, a fin de que se pronuncie sobre la apertura de juicio oral contra los acusados. Las pesquisas se iniciaron en julio del 2015 a partir de las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero y otras víctimas particulares del grupo sanguinario.

En octubre del 2015, el antecesor de Lamela en el Juzgado Central de Instrucción número 3, Juan Pablo González, procesó a los cuatro jefes de la banda además de a Aitor Elizaran Sarasola, aunque la causa para este último ha quedado archivada. También quedaron fuera de la causa otros cabecillas como María Soledad Iparraguirre, Anboto, Gorka Palacios Alday, Jurdan Martitegui, Juan Lorenzo Lasa, Txikierdi, Eugenio Echebeste, Antxon, José Luis Ansola, Peio el Viejo, y Francisco Múgica Garmendia, Pakito.

Veinticinco asesinatos

El magistrado recogió entonces en su auto siete atentados mortales cometidos por ETA desde el 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal, y les imputó un total de 25 delitos de asesinato terrorista por atentados como los que acabaron con la vida de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio en la T-4 de Barajas en diciembre del 2006, el exconcejal socialista Isaías Carrasco en Mondrágón (Guipúzcoa) en marzo del 2008, el guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava) en mayo de ese año y el brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria) en septiembre siguiente. También atribuyó a la cúpula los ataques que acabaron con la vida del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipúzcoa) en diciembre del 2008, el policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Vizcaya) en junio del 2009 y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá (Baleares) un mes después.

El juez González atribuyó siete delitos de asesinato a Ata, seis a Iriondo, cinco a Txeroki, cinco a Elizaran y dos a Josu Ternera, que «estuvo al frente del aparato político» de ETA durante los años 2005, 2006 y 2007 «en unión» con el fallecido Francisco Javier López Peña, Thierry.

A todos ellos les imputó el delito de lesa humanidad al entender que estos atentados se cometieron «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella» y que las víctimas lo fueron por su pertenencia «a un grupo colectivo perseguido por razones políticas, étnicas o religiosas».

«Vamos a seguir persiguiendo a cualquier etarra», asegura Zoido

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, subrayó ayer en Algeciras que «no va a haber ninguna impunidad para ETA» a pesar del anuncio de disolución de la banda terrorista. «Vamos a seguir persiguiendo a cualquier etarra, se encuentre donde se encuentre y tome las medidas que tome la organización terrorista ETA», recordó el titular de Interior. También se refirió a la posibilidad de que el histórico dirigente de ETA José Antonio Urruticoetxea, Josu Ternera, sea recuperado para dirigir el proceso de disolución, lo que, en opinión de Zoido, «es una muestra más del estado de descomposición al que las fuerzas de seguridad del Estado han llevado a ETA».