El Gobierno impedirá la teleinvestidura de Puigdemont avalado por el Consejo de Estado

El Consejo de Estado avaló ayer por unanimidad que el presidente del Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional la reforma legal del Parlamento de Cataluña que permite a Carles Puigdemont ser investido sin estar en el debate. La norma será suspendida en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Generalitat y el Constitucional admita a trámite la impugnación. El segundo intento de Puigdemont de ser investido presidente de la Generalitat el 14 de mayo fracasará como el del 30 de enero pasado y prolongará el bloqueo del escenario político en Cataluña cuatro meses y medio después de las elecciones del 21 de diciembre y a dos semanas de que venza el plazo para evitar la repetición de los comicios.

La decisión del Consejo de Estado desvaneció la tenue esperanza de los independentistas de aprovechar la ventana de oportunidad que se podría abrir antes de que el Constitucional resolviera. El Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria en las próximas horas para aprobar el recurso.

El órgano consultivo dio la razón esta vez al Gobierno para que recurra la reforma que permite la teleinvestidura. No ocurrió así en enero, cuando el Gobierno recurrió la investidura de Puigdemont si se presentaba en Barcelona. El Consejo de Estado se negó a avalar porque se trataba de una impugnación «preventiva o hipotética». El Gobierno, pese a todo, siguió adelante y el Constitucional hizo encaje de bolillos jurídicos para prohibir la investidura sin entrar a fondo en los argumentos gubernamentales.

El Constitucional se reúne en pleno a partir de hoy y hasta el jueves. Los doce magistrados admitirán a trámite la impugnación de la reforma legal, que de esa forma quedará suspendida durante cinco meses sin necesidad de resolver la queja. Al cabo de ese tiempo, el tribunal decidirá si prorroga o levanta la suspensión.

La congelación de la reforma legal supone un alivio para el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que no tendrá que tomar la decisión política de convocar o no el debate de investidura el 14 de mayo. Si lo hace se arriesga a una intervención de la Fiscalía por desobediencia, ya que tanto el Constitucional como el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña han dictaminado que la investidura solo puede ser presencial. Ese peligro no existirá si respeta, como hizo el 30 de enero para gran enfado de Puigdemont y JxCat, la suspensión que decretará el Constitucional en las próximas horas, es posible que mañana y, si no, el jueves.

El escenario político catalán retrocede así cuatro meses y vuelve a la encrucijada de ir a nuevas elecciones o que los independentistas presenten un candidato viable. Con una diferencia respecto a enero: el 22 de mayo está a la vuelta de la esquina y ese día, si no hay presidente, se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones el 15 de julio.

Exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán defienden ante el juez que debatir no es delito

Cuatro exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña procesados comparecieron ayer en el Tribunal Supremo. Acusados de un delito de desobediencia, que conlleva la inhabilitación de cargo público, Lluis María Corominas (PDECat), Lluis Guinó (PDECat), Anna Simó (ERC) y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot) declararon al juez instructor Pablo Llarena que actuaron convencidos de que les protegía la «inviolabilidad parlamentaria» y defendieron que debatir cuestiones que pueden ser inconstitucionales en una Cámara representativa no es delictivo, según detalló Guinó a la salida y confirmaron fuentes jurídicas.

Los cuatro procesados, además de Ramona Barrufet (PDECat), que lo hizo por videoconferencia por cuestiones de salud, fueron citados para comunicarles en persona su procesamiento. Todos reclamaron la eliminación de las medidas cautelares -comparecencias judiciales y retirada del pasaporte-, a la espera de que se resuelvan los recursos contra el procesamiento dictado por el juez Llarena y que debe tramitar la Sala de Apelaciones. Llarena los acusa de incumplir de forma «tenaz y perseverante» los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional para impedir la aprobación de las leyes del procés.

Nuet, que habló durante 45 minutos, a diferencia de sus compañeros, declaró que no se siente ningún «delincuente», sino «representante del pueblo de Cataluña», y admitió que, aunque pudieron, «evidentemente», haber cometido errores, «ninguno merece una persecución criminal».

La citación de los procesados fue recordada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien les transmitió a través de las redes sociales su ánimo. «Una vez más, todo el apoyo», dijo. Este martes será el turno de los exconsejeros Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento), quienes conocerán su procesamiento por los delitos de malversación y desobediencia.

Societat Civil denuncia un intento de agresión con porras en una carpa universitaria

Societat Civil Catalana (SCC) denunció ayer un intento de agresión con porras por parte de un grupo de encapuchados a jóvenes simpatizantes de la entidad que habían instalado una carpa informativa en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La organización asegura que los hechos «no son aislados», ya que los jóvenes simpatizantes de la SCC de esta universidad «llevan años soportando el acoso de otro colectivo que no tolera a aquellos que piensan diferente».

Según la SCC, los miembros de esta entidad habían instalado una carpa en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona para informar de un acto cuando se presentó en el lugar un grupo de jóvenes que «se han dedicado a arrancar carteles» de SCC en los que se podía leer la frase: «Me gusta cuando somos, cuando nos respetamos. Así. En la diversidad».