Guerra entre ERC y JxCat por Puigdemont

La unidad del independentismo saltó ayer por los aires a cuenta de la suspensión de los cinco diputados presos y de Carles Puigdemont dictada por el juez Pablo Llarena. El motivo fue la negativa de Junts per Catalunya (JxCat) a que su líder ceda un milímetro en el pulso que mantiene con el Estado. El soberanismo coincide en la necesidad de no acatar sin más la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, pero no en hasta dónde debe de llegar el acto de insumisión. La causa de esta diferencia de criterio está una vez más en las estrategias dispares de Esquerra y JxCat. Los republicanos han abrazado el pragmatismo tras el fracaso del procés y la aplicación del 155. No renuncian a la secesión, pero ahora la sitúan como una meta a largo plazo. La coalición liderada por Puigdemont, en cambio, se niega a dar un paso atrás. El expresidente catalán ha optado por la confrontación total, una decisión en la que le secundan sus fieles, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al frente.

Son numerosas las ocasiones en las que el independentismo ha hecho caso omiso de las advertencias de los letrados de Parlamento autonómico. Pero con las suspensiones, el presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent, decidió seguir la recomendación y cumplir la orden de Llarena. Torrent presentó ayer a la Mesa una propuesta según la cual los seis diputados investigados serían sustituidos por personas designadas por sus grupos parlamentarios, pero solo de forma temporal hasta que se resuelva su causa y sin exigirles entregar su acta.

Junts per Catalunya aceptó que así fuera con Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva, pero se negó de plano con Puigdemont. JxCat argumenta que el caso del expresidente es particular porque «existe una sentencia de la justicia alemana que dice que cae el delito de rebelión». «Nosotros no aceptaremos su suspensión», zanjaron ante las presiones de sus socios republicanos.

La propuesta de Torrent sumó en la Mesa dos votos a favor de Esquerra y uno del PSC. En contra se posicionaron los dos representantes de Ciudadanos, que exigen la suspensión sin rodeos de los investigados, y uno de Junts per Catalunya, mientras que el otro integrante de la coalición de Puigdemont se abstuvo. El resultado final fue de empate a tres, lo que hizo decaer la iniciativa de Torrent. La reacción del presidente de la Cámara fue suspender el pleno donde se debía aprobar la medida, con lo que la medida quedó en el aire probablemente hasta septiembre, cuando se retome la actividad parlamentaria tras las vacaciones de verano.

La división en la Mesa del Parlamento catalán se propagó de inmediato a las cúpulas de los partidos secesionistas, donde cualquier chispa amenaza con hacer saltar por los aires la frágil alianza soberanista.

«Mentira descarada»

Junts per Catalunya acusó a Esquerra de haber incumplido «el acuerdo al máximo nivel» que habían alcanzado ambas fuerzas para dar un trato diferenciado al expresidente. Incluso se atacó a los republicanos por haber votado con los socialistas, hasta el punto de que se llegó a preguntar a Esquerra si pretende «blanquear» al PSC por su apoyo a la aplicación del artículo 155.

La respuesta del presidente del grupo parlamentario de ERC fue furibunda. «Mienten de forma descarada», señaló Sergi Sabrià, quien aclaró que no había ningún pacto con Junts. Según el dirigente republicano, el fracaso de la iniciativa defendida por Torrent se debió a las diferencias internas en la plataforma liderada por Puigdemont. «Teníamos una propuesta contenida en el informe de los letrados que permitía mantener las actas de los diputados suspendidos y preservar la mayoría independentista, una solución que funcionaba y que preservaba los derechos de Puigdemont de hoy y de cara el futuro, pero a una parte de JxCat no le iba bien», dijo Sabrià. Ese sector sería supuestamente el más afín al expresidente fugado.

Sobre el voto con el PSC en la Mesa, desde ERC se devolvió la pelota al recordar que uno de los miembros de Junts lo hizo junto a C’s. La conclusión final de Sabrià es que la confianza entre las dos fuerzas independentistas está «rota». Las fuerzas constitucionalistas miraron desde la barrera mientras los golpes volaban en el bando del secesionismo. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos y líder de la oposición, censuró la desconvocatoria del pleno a causa del «ridículo espantoso» de los independentistas. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, lamentó a su vez que la mayoría secesionista se haya convertido en rehén de Puigdemont.

Alfonso Guerra rechaza la «política de apaciguamiento» de Sánchez

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra rechazó ayer la «política de apaciguamiento» por la que apuesta el Gobierno de Pedro Sánchez para resolver la crisis de Cataluña: «Yo la política de Chamberlain, de apaciguamiento, regalando cosas, no soy partidario».

Guerra hizo estas declaraciones en unos cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, donde pronunció una charla sobre la reforma de la Constitución. En su alocución ser refirió al modelo de diálogo como una vía «frágil» y fracasada: «¡Llevamos cuarenta años apaciguando a la fiera y la fiera no se calma! ¡Todavía pide más!», argumentó.

A su juicio, el anuncio de Pedro Sánchez de cambiar el Estatuto de Cataluña por otro «cambiando la Constitución es absurdo» y supone un «arreglo de yo te cambio el Estatuto y tu me cambias la Constitución» del que no se muestra partidario.

Para él, no tiene «ningún interés» buscar posibles cambios en el Estatuto catalán que pudieran contribuir a resolver el conflicto y recordó que el actual se hizo en Cataluña con «muchos artículos inconstitucionales», que el Congreso modificó 118 artículos y 17 disposiciones adicionales y transitorias y que «quedó un Estatut que cuando fue al Tribual Constitucional sufrió la modificación de 14 artículos más».

En su ponencia, el exvicepresidente del Gobierno socialista sostuvo que, al margen de la crisis de Cataluña, este es el «momento oportuno para hacer reformas en la Constitución, no de la Constitución».

Un grupo catalanista escribe en gallego al Gobierno

m. l.

Después de las multas de la Generalitat a los comerciantes por rotular en castellano sus negocios, y como ejemplo sirva las que le impusieron al ourensano Evaristo Foxo por una tienda que tiene en Barcelona, la Plataforma per la Llengua ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo de Rajoy presentó ante la Ley catalana 18/2017 de comercio, servicios y ferias.

El presidente de la citada plataforma, Òscar Escuder, ha enviado una carta en gallego -sí, en gallego, no en catalán ni en castellano- a la nueva abogada general del Estado, la ourensana Consuelo Castro, jurista significada en la defensa de la normalización de la lengua gallega, según indica. Lo que parece no entender Escuder es que Castro está en ese cargo en calidad de su valía profesional no por haber nacido ni platicado la lengua de Rosalía.

En la carta, Escuder argumenta que la suspensión automática de la ley catalana ha causado un perjuicio injustificado a los consumidores catalanohablantes. Es difícil alcanzar a comprender ese daño, a no ser que los vendedores no hablen tampoco el castellano, o bien sean los compradores quienes no conocen la lengua de Cervantes. O que el objetivo sea terminar con la proliferación de bares, peluquerías y tiendas de pakistaníes, chinos...

La Ley catalana 18/2017 de comercio, servicios y ferias fue aprobada con urgencia por el Parlamento autonómico en agosto del 2017 y, según la entidad, era la única que daba concreción al derecho de hablar catalán en el comercio. Concretamente, el punto 3 del artículo 8 dice que «las personas que accedan a la actividad comercial y a la prestación de servicios, incluso aquellas que lo hagan en calidad de trabajadores asalariados, deben conocer las condiciones del ejercicio de la actividad comercial y de la prestación de servicios en Cataluña y deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña». Es decir, que toda persona que atienda al público, desde el comercial al repartidor del butano, además de manejarse en castellano tiene la obligación de hacerlo en catalán.