Fomento no aplaca la rebelión del taxi

A medida que pasan los días, la huelga del taxi va recrudeciéndose. Su eco ha llegado incluso a Galicia, donde ayer diferentes colectivos del sector, encabezados por la Federación de Autónomos del Taxi, hicieron un llamamiento a secundar, con unos servicios mínimos del 20 %, el paro, que se prolongará, en principio, hasta las doce de la noche de hoy. En el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, los miembros del gremio sugerían a los pasajeros que tomaran el autobús; mientras que en las estaciones de tren y autobuses coruñesas la mayor parte de los usuarios que aguardaban por los taxis que llegaban a cuentagotas apoyaban su protesta. En Vigo, algunas asociaciones apostaban por unos servicios mínimos más reducidos que atendieran únicamente a las personas más necesitadas de forma gratuita, y en Santiago, los taxistas tomaron Lavacolla tras una larga procesión desde Compostela que intentarán repetir hoy, después de la concentración prevista a las 12 de la mañana en San Lázaro y a la que están convocados compañeros de toda la comunidad. En Ferrol, Pontevedra o Lugo la repercusión no fue tan acusada.

Esa fue parte de la respuesta dada en la comunidad a la llamada de solidaridad realizada por los taxistas de Barcelona y Madrid, ciudades donde tienen una presencia mayoritaria las plataformas Uber y Cabify.

En la capital, mientras cientos de vehículos tomaban el paseo de la Castellana, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, se reunía con los representantes de Fedetaxi, Antaxi y Élite Taxi para hacerles una oferta que frenara el caos desatado durante los últimos días. No lo logró. Los taxistas no se fiaron y, como informa Efe, decidieron continuar con las huelgas de modo indefinido. A su juicio, las medidas propuestas son «insuficientes» porque no llega con la «buena voluntad». De ahí que, al menos, el paro pueda prolongarse hasta conocerse el resultado de la reunión que mañana mantendrá el ministro de Fomento con las comunidades autónomas.

La propuesta presentada ayer al gremio del taxi fue un nuevo marco normativo para las licencias VTC a partir de mediados de septiembre. No solo eso. También recordó que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, había adelantado la intención del Ejecutivo de transferir las competencias sobre licencias de alquiler de vehículos con conductor VTC a las comunidades autónomas. 

Licencia urbana

En ese marco cabría hablar, añadió, de la llamada licencia urbana, una idea como la puesta en marcha por el Área Metropolitana de Barcelona para que los ayuntamientos puedan participar en la regulación del sector. El problema es que la norma catalana está ahora suspendida por el Tribunal Superior de Justicia catalán, una decisión que fue el desencadenante de las protestas de los últimos días. Saura recordó que el Gobierno quiere medidas «definitivas, estables y no parches», capaces de recomponer la relación de una licencia VTC por cada 30 de taxis, una proporción que quedó rota por el vacío legal que dejó la ley ómnibus entre el 2009 y el 2013 y que ha obligado a muchas comunidades, como es el caso de Galicia, a autorizar por vía judicial nuevos permisos.

Saura apuntó, en este sentido, que para lograr ese objetivo se necesita «tiempo», y de aquí al viernes no puede diseñarse «un marco seguro y estable». Eso es lo que demanda Galicia al Gobierno central. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, comentó ayer en declaraciones a los medios: «O que nos traslada o sector é que é preciso un marco regulatorio claro, que aposte polo seu futuro. E coincidimos nesa necesidade do marco estatal claro que poña fin a ese baleiro e falta de control que trouxo a lei ómnibus do Goberno Zapatero».

Y sobre el asunto de transferir las competencias también fue clara: «O que agardo é que Fomento non aposte por delegar e transferir os problemas, porque o certo é que non estamos ante un problema que se resolva con quen dá a licenza. Non se resolve con que é o ministerio o que dá a licenza ou é a comunidade, senón con que Fomento asuma a súa responsabilidade en establecer un marco regulado claro que permita unha competencia leal e a seguridade dos usuarios e do sector do taxi», sentenció.

Información elaborada por Raquel Cecilia Pérez, Alfonso Alonso, Iago Teijeiro y M. Cedrón.

«Cobran dez euros de mínimo»

La presencia de vehículos VTC (alquiler de vehículos con conductor) se dispara en Santiago durante el verano atraídos por el incremento de turistas y peregrinos. Esa es la denuncia que hace el presidente de la Asociación de Radio Taxi de Santiago, Jesús García López. Según explica, llegan desde otros puntos del estado, como ya han hecho otras veces en Sevilla o Málaga. Además, denuncia que ofrecen un servicio más caro. «Cobran dez euros de mínimo polo traxecto urbano, e despois nós recibimos a queixa dos usuarios pola subida do prezo», apunta.

Un sector con un apretado corsé que le impide competir

El sector del taxi ha de ceñirse un apretado corsé derivado de su histórica condición de servicio público. Las varillas que más lo encorsetan son las derivadas de la limitación en el número de licencias para poder operar -un hecho que a lo largo de los años ha ido tejiendo un mercado especulativo que ha llevado a que el precio de estos permisos llegue a cantidades de 150.000 euros cada uno-, los parámetros de vehículo por número de habitantes o las tarifas estándar reguladas por los ayuntamientos. Por no hablar del pago de impuestos. Normalmente, los titulares de las licencias están dados de alta como autónomos.

Aunque estos profesionales convivían con coches VTC (turismos con conductor cuyas licencias eran mucho más económicas), fue en el año 2014 cuando realmente vieron las orejas al lobo por la irrupción de un nuevo servicio que les hacía, como dicen, «una clara competencia desleal». Ese año la plataforma norteamericana Uber desembarcó en España con el modelo UberPop, con el que cualquier conductor podía poner su coche particular al servicio de la compañía. Basaban su estrategia en que eran una plataforma on-line que únicamente ponía en contacto a conductores con usuarios. Pero la normativa española, primero, y la europea, después, tumbaron ese primer desembarco. UberPop no opera en España. Ahora lo hace echando mano de las licencias VTC (vehículos con conductor). Es la misma vía que usa Cabify, compañía española fundada en el 2011 y que pretendía dar un servicio de lujo. La proporción establecida es de un permiso VTC por cada treinta taxis. La cuestión es que esta es rebasada en muchas urbes. En la comunidad gallega, a finales del año pasado, según los datos facilitados entonces por la Consellería de Infraestruturas, había 3.609 licencias de taxi frente a 260 de VTC. El porcentaje era, pues, el doble de lo que permite la ley, pero además, defiende el sector, «no jugamos todos con las mismas condiciones».

La última batalla de esta complicada guerra, que ha desatado el caos en ciudades como Barcelona o Madrid, comenzó a mediados de este mes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió el decreto aprobado en junio por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que establecía que cualquier coche con conductor, además del correspondiente permiso VTC, debía contar con el consentimiento del Instituto Metropolitano del Taxi. De no hacerlo se enfrentaría a multas de hasta 4.000 euros. La semana pasada el alto tribunal optó por mantener en suspenso el decreto.

Pero no solo la Justicia tomó cartas en el asunto. También el Ministerio de Fomento anunció entonces que recurriría el reglamento al inmiscuirse en sus competencias en materia de VTC, pero en vista de la reacción del gremio, optó por retirar el recurso como prueba de buena voluntad. Ahora la negociación continúa, pero no va a ser fácil.