Una reforma para una reducción limitada y que depende del PP

Después de la semana más negra del Gobierno, que llevó a Pedro Sánchez a un paso del abismo, el presidente se sacó de la chistera un conejo en forma de limitación de los aforamientos. Una medida que requiere una reforma constitucional de la que quien tiene la llave es precisamente el PP.

¿Qué es el aforamiento?

Es el derecho que tienen ciertas personas, en función de su cargo, a ser investigadas, en caso de delito, por un tribunal diferente al que les correspondería en condiciones normales. La razón de ser de este trato diferenciado es el de evitar las presiones políticas y de otro tipo que puedan ejercerse sobre los tribunales ordinarios. Unos condicionamientos muy habituales en el siglo XIX, pero más difíciles de sostener hoy en día. El aforamiento no es un privilegio en sí mismo, porque nada exime a un acusado de vérselas con la Justicia. Solo que en lugar del tribunal ordinario, lo investigará el Supremo o el tribunal superior de la comunidad autónoma correspondiente, según el caso.

¿Hay muchos aforados?

Sí. El aforamiento en sí no es una excepción española. Aunque hay países como Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania en los que no existe esa figura, en otros muchos sí. Lo peculiar en España es el número de aforados: cerca de 250.000. La mayoría son los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (232.000), más 17.603 políticos, jueces, fiscales y cargos institucionales como, por ejemplo, el defensor del pueblo. También los cinco miembros de la familia real y los parlamentarios autonómicos, según la regulación de los respectivos estatutos.

¿Eliminará el Gobierno los aforamientos?

No. La propuesta de Pedro Sánchez afecta solo a los miembros del Gobierno, del Congreso y del Senado. Y no elimina su aforamiento, lo reduce a los hechos relacionados con su actividad política y parlamentaria, no con hechos ajenos a ella. El alcance, en consecuencia, sería muy limitado. No afectaría a los aforados fuera de la Constitución, como los jueces y fiscales, cuyo estatus lo regula la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni a los parlamentarios autonómicos, aforados por los respectivos estatutos.

¿Tiene capacidad el Gobierno para sacar adelante la reforma que propone?

No. La llave de la reforma constitucional que plantea Pedro Sánchez la tiene el PP. La modificación exprés de la Constitución a la que alude el presidente del Gobierno está regulada por el artículo 167 de la Carta Magna. Para sacarla adelante, es necesario el voto a favor, en primera instancia, de tres quintos de los diputados y de los senadores. El apoyo del PP es necesario para alcanzar esta mayoría cualificada. De fracasar esta primera vía, puede realizarse un segundo intento, en el que bastaría el apoyo de dos tercios de los diputados, es decir 233 votos a favor en la Cámara Baja. Nuevamente, una cifra inalcanzable sin el voto a favor de los populares. Además, sería necesaria la mayoría absoluta en el Senado. Y tal cosa vuelve a ser imposible sin el PP. En consecuencia, el Gobierno ha puesto en marcha la iniciativa sin haberla consultado antes con el partido que tiene la llave para su aprobación.

¿Es necesario un referendo?

En principio, no. Si el proyecto de reforma reúne las mayorías cualificadas previstas, se dará por aprobada. Salvo que una décima parte de los diputados lo soliciten en el plazo de quince días a partir de la aprobación de la reforma. Unidos Podemos ya ha anunciado su intención de reclamarlo. Si así fuera, la reforma exprés planteada por el Gobierno se complicaría, se retrasaría y se encarecería con una consulta a los ciudadanos.

¿Afectaría a Pablo Casado? ¿Y a los secesionistas?

Con la reforma que plantea Pedro Sánchez, el caso del máster de Pablo Casado no estaría amparado por el paraguas del aforamiento, al tratarse de una cuestión personal ajena a su actividad política y parlamentaria. No obstante, la reforma no quiere decir que la situación judicial del líder del PP vaya a cambiar. De entrada, porque el Tribunal Supremo decidirá si admite a trámite la investigación como muy tarde a principios de octubre. Si la rechaza, el asunto se acaba ahí. Solo en el supuesto de que admitiera la causa, y posteriormente imputara a Casado, una vez que la reforma constitucional estuviera aprobada se podría plantear el cambio de jurisdicción. Una hipótesis ahora mismo muy lejana. En contra de lo insinuado ayer por el PP, la reducción de los aforamientos difícilmente afectaría a los procesados por el desafío secesionista. De entrada, porque los delitos de los que están acusados han sido cometidos en el ejercicio de sus cargos, que es justo lo que se mantiene en la reforma. Y, sobre todo, porque su aforamiento nace del Estatuto de Cataluña, y por lo tanto no les alcanzaría la reforma que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez.