Casado da por cerrado el caso máster y pone en marcha la maquinaria electoral

«Decía una paisana que no todos somos iguales. Y tenía razón: no todos somos iguales». El presidente del PP, Pablo Casado, explicaba así ayer en Valencia, con esa referencia a la exministra de Sanidad, Carmen Montón, su satisfacción por la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de solicitar al alto tribunal que rechace investigarle por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), como había solicitado la jueza de instrucción de Madrid Carmen Rodríguez- Medel. El líder del PP da por hecho que el Supremo seguirá el criterio de la Fiscalía y por ello se siente liberado para lanzarse ya a un ataque directo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el presunto plagio de su tesis doctoral.

Los populares creen que el archivo de la causa contra Casado les permitirá afrontar con garantías el nutrido calendario electoral de los próximos meses, que incluye un probable adelanto de las elecciones andaluzas, así como las autonómicas, municipales y europeas del 2019, sin descartar que se anticipen las generales, para las que el PP, que celebrará una convención programática el 1 y el 2 de diciembre, asegura estar preparado. Durante un acto con militantes en la Pobla de Farnals (Valencia), Casado eludió referirse directamente a su caso, pero puso él énfasis en diferenciar su actitud de la de la exministra de Sanidad y el presidente del Gobierno. Reivindicó que «la serenidad, decencia y dignidad con la que este partido [el PP] se defiende debería ser imitada por otros muchos».

«La verdad se abre paso»

El líder popular es consciente de que, a pesar del alivio que ha supuesto la decisión de la Fiscalía, tampoco le conviene que el debate sobre su expediente académico siga abierto. «Lo único que voy a decir es que la verdad siempre se abre paso, y que este partido siempre respeta a las instituciones, sean universidades o Administraciones judiciales, a diferencia de otros», señaló, tras asegurar que su formación «nunca liquida la presunción de inocencia convirtiéndola en una presunción de culpabilidad». «Ni va a exigir a un adversario que explique lo que no ha hecho y lo que las calumnias dicen que ha hecho», insistió, a pesar de que el PP ha solicitado ya la comparecencia en el Senado del presidente del Gobierno para que ofrezca explicaciones sobre el presunto plagio de su tesis doctoral y de un libro posterior basado en ella.

El alivio evidente que expresa Casado no obedece solo a que la Fiscalía del Supremo le libere de una acusación que podría limitar su labor de oposición, sino también a que despeja las dudas que habían aflorado en el propio PP sobre la idoneidad de haber elegido como líder a un dirigente que podría acabar imputado. Los populares creen que el ministerio público deja también a Ciudadanos, que compite por el mismo espectro electoral, sin una de sus principales bazas. «Dije en el congreso nacional [del PP] que no iba a defraudar y, afortunadamente, el tiempo nos está dando la razón», señaló Casado. Antes de ser elegido como presidente del PP, Casado había dado garantías tanto a María Dolores de Cospedal como a Alberto Núñez Feijoo, los dos dirigentes clave para su victoria en el congreso, de que no había irregularidad alguna en su expediente académico.

La seguridad que muestra Casado antes incluso de que el Tribunal Supremo se pronuncie se basa en la rotundidad del auto de la Fiscalía, que rechaza la apertura de una causa contra él por considerar que no hay indicios «lo suficientemente consistentes».

El Ejecutivo insiste en reclamar al líder del PP que dimita

El Gobierno se resiste a dar por cerrado el caso sobre las presuntas irregularidades en el máster de Pablo Casado pese al pronunciamiento de la Fiscalía. Es más, el Ejecutivo exige la dimisión del líder de los populares porque, a su juicio, si el presidente del PP se ha librado de ser imputado es precisamente por el hecho de que el delito de cohecho que apreciaba la jueza está prescrito. «Señor Casado, tiene que dimitir, porque no es posible que el principal partido de la oposición tenga al frente a una persona que está siendo cuestionada por la obtención de su título», afirmó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los socialistas son conscientes de que es preciso mantener vivo el debate en torno al máster de Casado para que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga que comparecer en el Senado disponga de argumentos en contra para contrarrestar el acoso de los populares. «Casado ayer se pavoneaba, pero que diga a la ciudadanía por qué la Fiscalía ha archivado su causa», insistió Montero, que aseguró que el presidente del Gobierno puso «el listón alto» al exigir la dimisión de la ministra Carmen Montón para recuperar la confianza de los ciudadanos «no con palabras, sino con hechos».

Pero si el Gobierno puso el acento en cuestionar a Casado diciendo que solo se ha librado por la prescripción del delito, Ciudadanos lo atacó también asegurando que el único motivo por el que no está imputado en este momento es porque es un aforado en virtud de su condición de diputado del PP. La líder de los naranjas en Cataluña, Inés Arrimadas, cuestionó también, sin embargo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que exigió que vaya «a dar la cara al Congreso» y le advirtió que, si no lo hace, pedirán una comisión de investigación.

Y también el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, cargó contra Casado al afirmar que el líder del PP podrá «irse de rositas» en el caso que afecta a su máster porque el Tribunal Supremo está «politizado». Echenique cuestionó el criterio que sostiene la Fiscalía porque, según aseguró, es «evidente que [a Casado] le han regalado un título». Algo que, a su juicio, «lanza un mensaje de impunidad a la sociedad española».