El caso Villarejo desvela la intrusión masiva en ficheros policiales sensibles

El caso Villarejo ha destapado una realidad conocida desde hace años en el Ministerio del Interior: el uso fraudulento de las bases de datos policiales para asuntos ajenos a las investigaciones que, en ocasiones, hacen algunos funcionarios sin escrúpulos. El comisario jubilado José Villarejo, según informes de Asuntos Internos, se valió de la falta de control en los accesos a estos ficheros confidenciales para hacer consultas ilegales de manera masiva en, al menos, cuatro de estas bases, aunque los investigadores consideran que pudieron ser muchas más. Y todo para hacer negocio con esas informaciones. Los diferentes profesionales de la policía y la Guardia Civil y los técnicos de seguridad consultados apuntan a que el acceso irregular a estos archivos no es una práctica generalizada, aunque admiten que las entradas no se controlan previamente porque una supervisión a priori y la burocracia que acarrearían estos filtros provocaría el bloqueo de miles de investigaciones, que se basan en el cotejo y cruce de datos de sospechosos. Tampoco hay una auditoría periódica y posterior para determinar si las búsquedas realizadas por cada agente tenían que ver con sus investigaciones. Eso sí, cada consulta viene registrada y deja rastro personal del funcionario que la realiza, pero solo se investiga si hay denuncias o sospechas de irregularidades.

No todos los funcionarios tienen acceso a todas las bases de datos: depende de su rango y sobre todo de su destino. Los agentes de los servicios de información y de policía judicial son los que, habida cuenta de su tarea, tienen más privilegios. Y de dos de estos funcionarios (al menos) son de los que tiró Villarejo en el 2017, un año después de marcharse de la policía, tras jubilarse. Los atestados de Asuntos Internos incorporados a la pieza Proyecto Pintor -la investigación sobre el supuesto intento de chantaje que salpica a Juan Muñoz (marido de Ana Rosa Quintana) y su hermano Fernando- revelan que el comisario entregó a los hermanos Muñoz el 14 de junio del 2017 un voluminoso informe, titulado Prospectiva, plagado de datos confidenciales en poder del Ministerio del Interior. En ese documento, de 170 páginas, Villarejo incluyó informaciones confidenciales extraídas semanas antes de cuatro bases de datos policiales diferentes, tal y como reconoce en su informe el propio comisario jubilado.

Cuatro ficheros

En ese informe, Villarejo usó datos de la más sensible y completa base policial: la aplicación Argos, un potente buscador en el que figuran, entre otros, antecedentes, titularidad y robo de vehículos, objetos sustraídos y reclamaciones judiciales. Según la investigación de Asuntos Internos, los dos topos de Villarejo en la policía hicieron 72 consultas en Argos entre el 9 de marzo y el 28 de abril del pasado año para recabar datos confidenciales.

También hay informaciones provenientes de Sidenpol (Sistema de Denuncias Policiales), el fichero en el que se pueden consultar las denuncias en centros policiales de toda España y que contiene datos como teléfonos, domicilios y hechos y personas denunciados. En esa base de datos, Villarejo y sus hombres hicieron 43 consultas solo en el marco de la operación Proyecto Pintor en idénticas fechas que las de los accesos ilegales a Argos.

El documento de Villarejo contiene violaciones de dos archivos policiales más, aunque el informe de Asuntos Internos no identifica cuántos accesos indebidos se produjeron ni a los autores. Así, el comisario jubilado usó también la base de datos Control de Hospederías, que recoge las estancias en establecimientos hosteleros. El cuarto fichero violado es el de entradas y salidas de España.

Chantaje con un 85 % de posibilidad de éxito

El informe elaborado por José Villarejo para los hermanos Muñoz, y que consta completo en la pieza Proyecto Pintor, incluye dos últimos epígrafes: «Plan de acción» y «Conclusiones». Es en esos dos apartados en los que el comisario jubilado apuesta claramente por usar la extorsión contra los rivales, basándose en su investigación, en la que incluye los datos de las bases de datos del Ministerio del Interior, pero también indagaciones propias. «Los resultados obtenidos pueden ser relevantes, una vez que la dirección letrada de K [cliente] sepa rentabilizarlos en el proceso de negociación extrajudicial pendiente», afirma Villarejo, que apunta directamente a intentar chantajear al abogado de la parte contraria. «Ha quedado acreditado que [el letrado] ha sido incapaz de superar sus adicciones, lo que lo convierte en un sujeto vulnerable, que a toda costa intentará ocultarlas a su entorno, especialmente a su familia, ya que a todos los engaña al asegurarles que sus adicciones ya no existen».

«Al margen de ello, su cartera de clientes resultaría mermada, ya que nadie está seguro de que el éxito le acompañará en cualquier lance judicial» habida cuenta de su adicción, escribe Villarejo en su informe. «El éxito en la rentabilidad del proyecto puede asegurarse sobre un 85 %», concluye el comisario, dando a entender a sus clientes que el chantaje casi con toda seguridad dará lugar a que el supuesto deudor pague.

Según el sumario, Villarejo reclamó por esta investigación en la que incluía datos confidenciales policiales 200.000 euros, aunque finalmente pudo haber rebajado su caché a los 20.000. «Cualquier cliente que nos recomendéis... menos de 150 o 200 papeles no se cobran por esos curros, porque el tema del baño [grabaciones espías en aseos a los objetivos], etcétera... son cosas de alto riesgo: si te pillan, te comes cuatro años por lo de descubrimiento y revelación de secretos», explica en una de las conversaciones a sus clientes, dándoles a entender que les hacía un precio de amigo por sus labores de espionaje. Para este trabajo detectivesco, que incluye decenas de fotografías de los objetivos de Villarejo, el exmando policial llegó a usar alta tecnología de espionaje, al nivel de la usada por los servicios policiales, tales como microcámaras en lugares públicos.