Anticorrupción alega que el expresidente Griñán «pudo y debió» parar las ayudas de los ERE andaluces

Recta final en el juicio del caso de los ERE que sienta en el banquillo a 21 cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ayer continuó con sus alegatos finales la Fiscalía Anticorrupción, que considera que durante el juicio «ha sido plenamente acreditado» que el expresidente andaluz José Antonio Griñán, como consejero de Hacienda del 2004 al 2009, era destinatario de los informes del interventor y ante sus avisos de irregularidades «pudo y debió» parar las ayudas investigadas.

En el caso de Griñán, para el que pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, señaló que «no cabe la menor duda» de que como consejero de Hacienda era uno de los destinatarios de los informes de control financiero permanente de la agencia pública IDEA, encargada de pagar las ayudas.

Uso inadecuado

En esos informes el interventor alertó del «uso inadecuado» de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para abonarlas y de que la Dirección General de Trabajo estaba dando ayudas «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».

El fiscal reprodujo la declaración que voluntariamente hizo en el 2015 el ex interventor general Manuel Gómez, también procesado en este juicio, ante el Tribunal Supremo, que inicialmente instruyó la causa de Griñán por ser entonces aforado como senador. En ella explicó que sus avisos eran «suficientemente relevantes» como para que Griñán tomara medidas. Unos informes en los que fue «clave» el adicional elaborado en el 2005 (sobre el ejercicio del 2003), para el que el interventor pidió a la Dirección General de Trabajo una muestra de 20 expedientes de concesión de ayudas de cuyo análisis sacó hasta 18 «graves deficiencias» que le llevaron a concluir que se estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido».

El Ministerio Fiscal incidió en que incluso el informe adicional del 2005 motivó una reunión con el interventor (Manuel Gómez), el consejero y el viceconsejero de Empleo (Antonio Fernández y Agustín Barberá, respectivamente), el director de Trabajo (Javier Guerrero) y el director de Presupuestos (Antonio Lozano) para abordar los problemas detectados, aunque «nada cambió».