Fanatismo, mentiras y delirio patológico de Puigdemont

Cuando en enero del 2016, después de que la CUP arrojara a Artur Mas a «la papelera de la historia», los independentistas se pusieron de acuerdo para nombrar a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat, sabían que entronizaban a un fanático cuyo antiespañolismo era más patológico que político. Alguien que gastaba el dinero que hiciera falta para evitar siempre el puente aéreo y viajar a Madrid tomando vuelos internacionales con escala en Barcelona para no tener que presentar su DNI español, o que cuando viajaba al extranjero se registraba siempre en los hoteles de madrugada para poder colar a los somnolientos encargados un falso carné de nacionalidad catalana. Lo contaba él mismo. Y presumía de ello. Lo que ni Mas ni ERC intuían es que, además, de un chiflado, Puigdemont era un megalómano que acabaría sometiendo el futuro de Cataluña a sus caprichos personales, destruyendo el PDECat, rompiendo la unidad independentista y cerrando la vía a cualquier salida al laberinto catalán que no pase por el esperpento de nombrar presidente de la Generalitat a un prófugo de la Justicia. Su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Mesa del Parlamento catalán por impedirle votar desde su palacete de Waterloo es el último episodio de una larga carrera de extravagancias que demuestran que, para Puigdemont, primero está el y luego el interés de los catalanes.

 ¿Engañó Puigdemont a los independentistas?

Sí. Reiteradamente. Después de forzar un referendo ilegal de independencia y de proclamar una república que duró dos minutos, estaba dispuesto a convocar elecciones autonómicas para evitar su destitución con la aplicación del artículo 155. Solo la presión de los que le acusaron de traidor le hizo cambiar de idea. Pero entonces, volvió a engañar a todos, incluido a ERC y a su propio partido, fugándose a Bélgica y dejando al entonces vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, sin más opción que entrar en prisión.

 ¿Está dispuesto a ir a la cárcel pos sus ideas?

No. Durante la campaña de las últimas elecciones catalanas, a las que concurrió como candidato pese a estar huido en Bélgica, Puigdemont prometió a sus votantes que si le otorgaban una mayoría suficiente para gobernar regresaría a España, aun a riesgo de ser detenido, para someterse a la investidura y desafiar al Gobierno a que destituyera a un presidente investido. Sin embargo, llegada esa hora el 30 de agosto del 2018, y a pesar de ser propuesto como candidato a la investidura por el mismo presidente del Parlamento catalán contra el que ahora recurre, Roger Torrent, dio la espantada, no se presentó en Cataluña y pretendió ser elegido por vía telemática para mantenerse a salvo en Bruselas y presidir la Generalitat a través de WhatsApp y Skype.

 ¿Tiene lógica que  recurra al Constitucional?

No. Ninguna. El propio Puigdemont ha negado en varias ocasiones al Tribunal Constitucional legitimidad alguna para decidir nada que afecte a Cataluña. Aseguró en su día que la ley catalana de referendo seguía vigente pese a haber sido suspendida por el tribunal y que una ley aprobada por el Parlamento «no puede ser tumbada por ningún Tribunal Constitucional deslegitimado y conchabado con el Gobierno del Estado». Ahora, sin embargo, recurre al Constitucional la decisión de un Parlamento catalán que fue el que lo invistió en su día y que, según él, está por encima del máximo tribunal de la Justicia española.

 ¿Por qué torpedea cualquier posible salida?

Puigdemont ha conseguido paralizar la orden de detención internacional contra él de la Justicia española. Pero sabe que nunca podrá regresar a Cataluña porque sería inmediatamente detenido y procesado por rebelión. Su destino es ser un prófugo de por vida. Y, por ello, cualquier solución que le hiciera perder el control del procés le convertiría en un personaje marginal, obligado a vagar por el mundo sin recursos y fingiendo ser el presidente legítimo de una inexistente república catalana. De ahí que nombrara sucesor a un títere suyo como Joaquim Torra, garantizándose así el control del procés y del Gobierno catalán.

 ¿Por qué se resiste a apoyar los Presupuestos?

El independentismo catalán, incluido ERC, Junts per Catalunya y el PDECat, tiene claro que tanto para sus propios intereses de avanzar en el desafío secesionista como para tratar de facilitar una salida futura a los independentistas que serán juzgados por rebelión y otros delitos, y que acabarán condenados con toda probabilidad, es mejor sostener un Gobierno de Pedro Sánchez que depende del independentismo que forzar un adelanto electoral que podría dar lugar a un Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox, mucho más lesivo para sus intereses. Pero esa no es la lógica de Puigdemont, al que le conviene el máximo conflicto con el Estado español para mantener el protagonismo y poder sostener internacionalmente su relato de una Cataluña ocupada por un Gobierno que suspende la autonomía por la vía del artículo 155 y le impide ser presidente pese a ser apoyado por la mayoría del Parlamento catalán. De ahí que ponga siempre condiciones imposibles de cumplir para aprobar los Presupuestos. Primero puso como requisito la liberación de los presos, sabiendo que eso no está en manos del Gobierno, y ahora reclama a cambio una imposible mediación internacional sobre la autodeterminación de Cataluña

 ¿Qué persigue con el recurso contra Torrent?

Puigdemont sabe que no hay ninguna posibilidad de que el Constitucional le dé la razón frente a la negativa de la Mesa del Parlamento de impedirle votar desde Waterloo, tal y como decidió el juez instructor del caso del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Lo que pretende es, por una parte, prolongar el conflicto judicial para que el caso acabe en el Tribunal de Estrasburgo, y, por otra, situar a ERC, partido de Torrent, como una fuerza rendida ante el Estado español y forzar a los de Junqueras a aceptar una lista conjunta en las elecciones europeas de mayo, en la que el propio Torrent podría ser el candidato de ERC y enfrentarse así directamente a Puigdemont, que quiere ser candidato para obtener un escaño en Bruselas. Destaca el hecho de que de los cinco diputados a los que se les niega la posibilidad de votar a distancia, solo Puigdemont recurra la decisión.