Las defensas intentan desacreditar el juicio

Tras nueve veloces meses de instrucción, este martes comenzó en el Supremo el juicio por el desafío secesionista en Cataluña, que ha convertido a España en el epicentro del interés mediático prácticamente mundial. Los doce líderes del proceso independentista -acusados de los delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal- se sentaron en el banquillo poco después de las 10 de la mañana, cuando las defensas, una tras otra, comenzaron a desgranar argumentos centrados en desacreditar un juicio que consideran «político» y carente de las garantías exigibles para los procesados.

No solo cuestionaron repetidamente la «imparcialidad» y la «independencia» del tribunal que preside Manuel Marchena, sino que también cargaron contra la instrucción realizada.

«Criminalizar la disidencia»

Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y del exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, fue el primero en exponer las cuestiones previas para asegurar que con este proceso «se criminaliza la disidencia política», al tratar de reducir «al silencio» al oponente, persiguiendo derechos como el libertad ideológica, el de reunión, manifestación, representación o el de autodeterminación. En concreto, a esta última se refirió como «sinónimo de paz, no de guerra», negando que los acusados hubieran cometido delito alguno por defenderla.

También hizo una relación exhaustiva de las violaciones de los derechos fundamentales de los procesados que, según su criterio, se han producido en la causa. «Me cuesta encontrar un derecho que no se haya violado», aseguró, subrayando que se había vulnerado hasta el de la libertad de culto, ya que a Junqueras no le permitían ir a misa en prisión. «El tribunal tendrá que explicar por qué se han restringido todos los derechos de la Constitución en este proceso».

«Vodevil procesal»

Igualmente, Van den Eynde calificó de «vodevil procesal» la división del caso en múltiples causas desperdigadas en diferentes juzgados, como el de instrucción número 13 de Barcelona o la Audiencia Nacional, y aseguró que todo el procedimiento es «una causa general» contra el independentismo, abierto precisamente a partir de la admisión, «sin argumentación alguna, solo adjuntándola con una grapa», de la querella de Vox en el citado juzgado barcelonés. Calificó dicha instrucción de «procedimiento prospectivo», es «una causa indeterminada» lo que, a su juicio, la invalida.

Concluyó cargando contra la prisión provisional. «Que tengamos a unos inocentes en prisión más de un año no lo entiende nadie, cuando acudieron al llamamiento del tribunal», recordó, instando al tribunal a reconsiderarlo: «Valórenlo y piensen si podemos tener un juicio distinto mañana, para ver si los derechos fundamentales son cartas de triunfo o estamos jugando con otras reglas».

Piden citar al exministro Zoido

Por su parte, el letrado del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, Javier Melero, aprovechó su turno de palabra para solicitar al tribunal que se cite a declarar como testigo «imprescindible» en la causa a Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior cuando se produjeron los hechos enjuiciados. También reclamó para su defendido que la causa se acumule con la que se instruye en la Audiencia Nacional contra los mandos de los mandos de los Mossos, sus subordinados el 1-O. 

Jueces, no salvadores de patria

Abundando en las dudas de Van den Eynde sobre la imparcialidad del tribunal (desde el presidente Marchena al instructor de la causa, Pablo Llarena), Jordi Pina, defensor del expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, reclamó a sus miembros que fueran magistrados, no héroes nacionales. «Hagan de jueces, no de salvadores de la patria», les instó, tras recordar, entre otras cosas, el episodio del wasap del senador popular Cosidó sobre el control del Supremo para el juicio del 1-O.

Pina insistió en contar con Puigdemont como testigo, lo que el tribunal ya le denegó alegando que estaba investigado en la misma causa, y en disponer de traducción simultánea para que pudieran defenderse en catalán.

El abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, -el único acusado no político y, aún así, juzgado en el Supremo, como el resto de aforados-, advirtió en su intervención que el proceso «es una derrota colectiva de la sociedad española». Benet Salellas centró su argumentación en el derecho de protesta y de movilización pacíficas. «No es un derecho fundamental la unidad territorial y sí la reunión pacífica», insistió, denunciando que Fiscalía y Vox les hayan criminalizado por el uso de un lema de defensa de los valores democráticos como el «No pasarán».

Los argumentos

Derechos vulnerados

La denuncia recurrente. Alegaron vulneración de derechos fundamentales, con la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: desde la libertad de expresión hasta el de reunión, pasando por el derecho a un juicio justo o a la tutela judicial efectiva. presunción de inocencia

Presunción de inocencia 

«Es el Far West». Una de las quejas recurrentes fue la de la vulneración de la presunción de inocencia de los acusados. Los letrados recordaron, por ejemplo, declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo o de Irene Lozano en las que daban por hecho que habían cometido delitos. Van den Eyden lo ilustró recordando el autobús que Ciudadanos «pasea» por España con la imagen de Junqueras, dándolo por condenado y reclamando que no haya indulto cuando aún no hay ni sentencia. «Todo esto es del Far West», aseguró.

Dimisión

Vila, el disconforme. El abogado del exconsejero Santi Vila, Pau Molins, que ayer cerró la sesión, recordó al tribunal que su cliente ?en libertad provisional, afronta una petición de siete años de cárcel por malversación? fue el único miembro del Gobierno catalán que «dimitió» para «marcar distancias» con lo que iba a suceder irremediablemente: la declaración unilateral de independencia. Por ello, pidió que no lo enjuicie, ya que no está acusado de rebelión.

Así contamos minuto a minuto la primera sesión de un juicio histórico: