Detenido un grupo criminal que esclavizó a 50 nicaragüenses para el cuidado de ancianos y dependientes

Técnicas propias de la mafia de la prostitución aplicadas ahora a la explotación de personas no con fines sexuales, sino orientadas al cuidado de ancianos y dependientes. Este era el negocio de un banda desarticulada en Huesca y La Rioja, perfectamente estructurada, que se dedica a esclavizar a jóvenes con pocos recursos a las que dedicaba a trabajar a destajo asistiendo a personas mayores con problemas. Una lucrativa actividad con la que organización logró más de 750.000 euros de beneficios.

Cuatro mujeres -dos de ellas hermanas- y tres varones de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años, conformaban la banda, apoyada por algunos elementos externos. Todos fueron detenidos y se enfrentan a los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Trabajaban de una manera absolutamente jerarquizada. Con sus prácticas llegaron a esclavizar a unas 50 nicaraguenses desde el 2016, a los que sometían a constantes vejaciones y que vivían bajo permanentes amenazas, engaños y coacciones, amedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares si llegaban a denunciar los hechos.

Su manera de operar era siempre igual. Los familiares directos del grupo criminal residentes en Nicaragua se encargaban de buscar a las víctimas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social. Allí les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España. Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban mil euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, con visa turista limitada a 90 días.

Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado, advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo. La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en Internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios, enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, no sin antes aleccionarlas bajo nuevas amenazas. A final de mes los demandantes pagaban directamente a las víctimas en negro y estas entregaban a la organización el 85 %  del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España. 

Préstamos al 20 % y paracemamol a 30 euros la pastilla

Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos, les prestaban dinero a un 20 % de intereses, lo que suponía que la deuda no disminuyese, sino todo lo contrario. Se convertía en una cifra astronómica difícil de saldar, quedando las victimas más atadas a la organización. Además, los productos básicos de primera necesidad que la responsable del grupo recibía de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria los vendía a sus víctimas a precios abusivos llegándoles a cobrar por un comprimido de paracetamol entre 20 y 30 euros, incrementando así sus beneficios.

La operación se desencadenaros después de que una de las cabecillas del grupo fuese arrestada en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuando intentaba introducir en España a otras tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios.