Interior violó la ley por no proteger los archivos policiales que usó el excomisario Villarejo

Bronca de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la Dirección General de la Policía por no custodiar suficientemente algunos de sus archivos más sensibles. La AEPD zanja que el Ministerio del Interior incurrió en una infracción «grave» de la Ley de Protección de Datos al carecer de mecanismos de control interno para detectar e impedir que dos policías al servicio del excomisario José Manuel Villarejo consultaran en el 2017 cuatro ficheros policiales diferentes para filtrar informaciones confidenciales al exmando encarcelado sobre personas que investigaba en su «agencia de detectives». El escándalo estalló a raíz de varios informes de Asuntos Internos que revelaron que Villarejo se valió de la falta de control en los accesos a estos ficheros para hacer negocios con esas informaciones. 

El marido de Ana Rosa

Los atestados incorporados a la «pieza Proyecto Pintor» -la investigación sobre el supuesto intento de chantaje que salpica a Juan Muñoz (marido de Ana Rosa Quintana) y su hermano Fernando- revelaron que el comisario entregó a los hermanos un voluminoso informe el 14 de junio del 2017 titulado «Prospectiva», de datos confidenciales en poder de Interior sobre los «enemigos» de los Muñoz. En ese documento, de 170 páginas, Villarejo incluyó informaciones confidenciales extraídas de cuatro bases policiales: la aplicación Argos, un potente buscador, en el que figuran, entre otros, antecedentes, titularidad y robo de vehículos, objetos sustraídos y reclamaciones judiciales; la base Sidenpol (Sistema de Denuncias Policiales), el fichero en el que se pueden consultar las denuncias en centros policiales de toda España; el archivo Control de Hospederías, que recoge las estancias en establecimientos hosteleros; y el fichero Entradas y Salidas del país.

La AEPD - en su informe de 18 páginas que firma su directora, Mar España- certifica que Interior no cumplió sus obligaciones porque, tal y como admitieron los funcionarios a los inspectores de la agencia, solo se hacen «revisiones preventivas de los accesos» (controles para ver qué agente ha accedido a qué datos), «cuando ocurre un incidente». Pero el informe va más allá: la AEPD revela que la Policía no tiene ni siquiera mecanismos para saber qué agentes consultaron los datos de los investigados por Villarejo (un subinspector de lucha antiterrorista y un agente de seguridad ciudadana de Granada). Lo que sí se sabe ahora es que los funcionarios que consultaron esos datos «no han tenido nunca autorización de acceso».

Uso de fondos reservados en Kitchen

El juez y la Fiscalía Anticorrupción han vuelto a tomar declaración a tres testigos en la pieza separada que investiga el uso de fondos reservados para costear un espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas a fin de sustraerle documentación sensible del partido que obraba en su poder. Durante cerca de dos horas han pasado por la sala de vistas Miguel Ángel Bayo Herranz, el facultativo de la Dirección General de la Policía que se encargaba de trasladar los fondos reservados del Ministerio del Interior a la Dirección Adjunta Operativa; y los adjuntos a la DAO del investigado Eugenio Pino, Manuel Benavides y Felipe Lacasa.