Torra incita a la desobediencia, pero ahora acata la retirada de símbolos

Cuando apenas quedaban tres horas para que expirara el plazo, la Generalitat ha dado instrucciones a todas las consejerías para que retiraran la simbología soberanista -esteladas, lazos amarillos o carteles a favor de los presos- de los edificios públicos, tal y como establece el requerimiento de la Junta Electoral.

El plazo, a partir de una denuncia de Ciudadanos, expiraba a las tres de la tarde de este viernes. Si entonces alguna consejería mantenía pancartas o lazos, el presidente del Gobierno catalán corría el riesgo de que le presentaran una querella por desobediencia.

Hace una semana, el presidente de la Generalitat apuró al máximo el plazo que le había dado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que quitara la pancarta a favor de la libertad de los presos con el lazo amarillo que había colgado de la fachada del Palau. La misma que colocó nada más llegar a la presidencia.

Torra afirmó que llegaría hasta las últimas consecuencias en la defensa de la libertad de expresión, pero acabó retirando el cartel, después de que el TSJC instara a los Mossos a quitarla. Sin embargo, horas después, el jefe del Ejecutivo catalán quiso salvar la cara ante los suyos colgando otra, por la libertad de expresión.

Ahora, como en las pasadas elecciones generales, la Junta Electoral consideró que los edificios públicos deben evitar la exhibición de simbología para cumplir con la neutralidad en período electoral. 

Alentar a la desobediencia

Torra lleva meses apelando a la desobediencia institucional como respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes del procés. En esta línea, hace una semana, el Parlamento catalán aprobó una resolución que afirmaba la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados».

El presidente de la Generalitat, en cambio, ha vuelto a acatar la orden, en dos ocasiones, la de la semana pasada y este viernes. Torra, en cualquier caso, será juzgado el 18 de noviembre por desobediencia, pues en las elecciones de abril, también recibió la orden de retirar la pancarta a favor de los presos con el lazo amarillo, y la quitó, pero lo hizo días después de que expirara el plazo y tras haber intentado burlar la orden poniendo un cartel que con un lazo blanco.

Las burlas de Torra a la ley tendrán también respuesta del Gobierno. Pedro Sánchez dio este viernes un nuevo paso en su empeño por demostrar que no le temblará el pulso para hacer frente al desafío secesionista en Cataluña. 

El Gobierno, al Constitucional

Anunció por sorpresa que presentará dos incidentes de ejecución de sentencia contra una resolución aprobada por el Parlamento catalán el 25 de julio. Entre otras medidas, solicitará el apercibimiento formal al presidente de la Cámara, Roger Torrent, el secretario general y el resto de miembros de la Mesa. Un aviso a navegantes como los que en su día recibió Carme Forcadell, ahora en prisión preventiva.

El Ejecutivo ya había anticipado hace una semana su intención de recurrir las iniciativas que la semana pasada apoyaron JxCat, ERC y la CUP y en las que se instaba al órgano legislativo catalán a liderar una respuesta institucional a la sentencia por el 1-O. Lo que se recurrirá ahora son el compromiso de la Cámara autonómica de actuar «en la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña» y otro sobre su «apuesta por derogar una institución caduca y antidemocrática como la monarquía».