El secesionismo, pendiente del fallo judicial que marcará el futuro del Gobierno catalán

Los siete magistrados del tribunal del procés acudirán este lunes a las nueve de la mañana al Supremo para firmar la sentencia que han estado debatiendo durante los últimos cuatro meses. El borrador final, redactado por el presidente de la sala y ponente Manuel Marchena, fue repartido el pasado jueves entre los jueces para que pudieran darle una lectura definitiva. Según fuentes judiciales, los más de 500 folios ya están en el Tribunal Superior de Cataluña para repartir este lunes una copia, si no hay cambios de última hora y tras rubricar la resolución, a los procuradores de los presos.

Pese al supuesto blindaje de Marchena para evitar las filtraciones del fallo, el sábado se conoció que el tribunal había acordado por unanimidad condenar a nueve de los doce acusados por delitos de sedición y/o malversación. Mientras que a los otros tres que están en libertad provisional, por desobediencia, que conlleva solo inhabilitación para empleo o cargo público.

Por lo tanto, el delito de rebelión imputado por la Fiscalía del Supremo a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Joaquim Forn, los Jordis y el resto de líderes decae. En síntesis, en el proceso secesionista de hace dos años en Cataluña no hubo un ataque contra el orden constitucional (rebelión) sino contra el orden público (sedición), primando así la tesis de la Abogacía del Estado.

La abogada jefa de penal Rosa María Seoane, que sustituyó a Edmundo Bal (diputado de Cs) tras cambiar la abogada general la acusación de rebelión por la de sedición en su escrito de calificación, reclamó entre siete y doce años de prisión para la docena de encausados. La más alta (incluye doce años de inhabilitación) era para Junqueras como «cabecilla» para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. A ello le sumaba el delito de malversación por el gasto en el referendo ilegal. Sin embargo, la representante de los servicios jurídicos del Estado apreció un concurso medial de delitos para pedir una sola pena (más favorable al reo). Esto se estima cuando concurren dos acciones y dos resultados delictivos y cabe entender que uno (malversación) fue preciso para cometer el otro (sedición).

En el lado opuesto, Jordi Pina, el abogado de Jordi Sànchez y de Turull y Rull, mostró su «total asombro» por la filtración y anunció que presentará una denuncia si se confirma. «Supondría, más allá de una falta de respeto a los acusados y su familias, una flagrante vulneración del secreto de las deliberaciones».

Sea cual sea, la sentencia tiene una carga política inusitada. Fijará la respuesta penal de todo un Estado al mayor desafío independentista en 40 años de democracia En el Supremo y en las más altas instancias estatales esperan que se convierta en un aviso de que un «Estado moderno» no se doblegará nunca por la fuerza de una «movilización callejera» liderada desde las instituciones.

Estos son los escenarios que se pueden abrir ahora en Cataluña: 

Gobierno de concentración Es una propuesta del presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent. Busca reforzar el Ejecutivo autonómico con la entrada de más formaciones secesionistas como la CUP o los comunes. Antes del 10N es muy improbable. La CUP y los comunes son reticentes. A JxCat no le disgusta, pues Torra podría aprobar los Presupuestos. Ese Gobierno de concentración representaría casi a dos tercios de la Cámara catalana y presionaría a Madrid para dar una salida al pleito catalán. 

Elecciones anticipadas. Es la gran apuesta de ERC para responder a la sentencia. Quim Torra y Pere Aragonès tienen un pacto para garantizar la unidad del Gobierno catalán hasta el fallo del Supremo. Después empezará de nuevo la guerra. Asoma como posible candidato Artur Mas (no lo ha descartado), pero está inhabilitado hasta febrero. En JxCat puede producirse una escisión del sector que apuesta por aparcar el unilateralismo. 

Inhabilitación de Torra. Las elecciones podrían llegar no porque el Gobierno catalán sea incapaz de aprobar los Presupuestos, sino porque Torra corre un serio riesgo de ser inhabilitado. El 18 de noviembre será juzgado por desobediencia. Aragonès pasaría a ser presidente interino, pero JxCat y ERC tendrían que impulsar la investidura de un nuevo presidente. Los primeros amenazan con volver a intentar reelegir a distancia a Carles Puigdemont. ERC se niega. La falta de acuerdo provocaría el adelanto electoral. 

Un nuevo 155. Una respuesta de Torra que suponga el regreso al 2017 con desobediencia institucional tendría su réplica en el Gobierno central, el artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional.

El Gobierno confía en no tener que usar el 155 ni la Ley de Seguridad Nacional

P. de H.

El Gobierno lleva meses preparándose para este momento. Y ha previsto la aplicación de dos instrumentos a su alcance -la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 155 de la Constitución-, que modulará en función de las necesidades. Sabe que podrá contar con el respaldo de, al menos, el PP y Cs para aplicarlas, aunque confía en no tener que hacerlo.

La Ley de Seguridad Nacional permite al Ejecutivo asumir la coordinación de los Mossos o ponerlos al servicio de la autoridad funcional que designe el presidente para responder a una crisis de «interés nacional». No requiere aprobación del Parlamento y sería más rápida de activar que el 155. Esta carta se reserva para un escenario de desórdenes públicos desmesurados. El artículo 155 quedaría para el caso de que la Generalitat incurra en una desobediencia flagrante o de que se reactivara la declaración unilateral de independencia. Con las Cortes disueltas hay algunas dudas de que el Senado pueda dar su aprobación, pero Sánchez afirma que ya se ha «estudiado» el asunto y que no habría problema.

Guardias civiles de Pontevedra, en otra operación Copérnico

La comunidad, blindada por 3.000 antidisturbios en previsión de altercados y desórdenes 

Cataluña se blinda para recibir la sentencia del procés. El Ministerio del Interior y los Mossos d’Esquadra acabaron este domingo de movilizar a cerca de 3.000 antidisturbios de la Policía Nacional, Guardia Civil y policía autonómica para garantizar la seguridad ante una protesta que el independentismo quiere que sea la mayor demostración de fuerza de la historia reciente de Cataluña.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aporta unos 2.000 agentes. El refuerzo supone la tercera parte de la operación Copérnico-Avispa contra el referendo ilegal. No obstante, la situación ahora es diferente a la de hace dos años, por la colaboración y cooperación con los Mossos. Su comisario jefe, Eduard Sallent, ya envió el viernes una carta a sus agentes en la que aseguró que la policía de la Generalitat «garantizará el orden público», y que cumplirá «las órdenes» que «puedan dar jueces y fiscales».

Un Centro de Coordinación (Cecor) de los tres cuerpos centralizará el despliegue. Según lo pactado, los Mossos serán la primera línea en caso de desórdenes. El cuerpo catalán, que ha suspendido todas las libranzas, tiene listos a 900 antidisturbios.

Los agentes de Interior solo actuarían si los funcionarios de la Generalitat se vieran sobrepasados y solicitaran ayuda. En principio, el más de millar de miembros de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) llegados de Castellón, Sevilla, Bilbao, Granada, Valencia o Madrid protegerán instalaciones como el aeropuerto de El Prat y el puerto de Barcelona. Los más de 800 funcionarios de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil trasladados a Cataluña desde Pontevedra, León, Madrid, Zaragoza, Sevilla y Valencia se están desplegando, entre otros lugares, en el puerto y estación de AVE de Tarragona o en las centrales nucleares de Ascó y Vandellós.