La Fiscalía no revisará hasta el final del juicio la acusación de rebelión a Trapero

Más allá de la declaración del principal acusado, Josep Lluís Trapero, el que fuera mayor de los Mossos d’Esquadra durante la intentona secesionista del 2017, fue la Fiscalía la que focalizó la atención durante la primera jornada del juicio contra la cúpula del cuerpo policial catalán. ¿Mantendría la acusación de rebelión contra Trapero y los mandos sentados en el banquillo o la rebajaría a sedición, después de la sentencia del Supremo que condenó por tal delito a los líderes políticos del procés?

La respuesta llegó poco después de abrirse la vista, celebrada en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, ya que el fiscal Miguel Ángel Carballo abrió la puerta a revisar el tipo penal que les imputa, y que implica hasta 11 años de prisión para los acusados. Pero no será hasta el final del juicio, por considerar que el trámite de las cuestiones previas no es el momento procesal oportuno, a diferencia de la fase de conclusiones definitivas.

«La Fiscalía de la Audiencia Nacional es consciente de la sentencia [del Supremo] y en su momento procesal oportuno se calibrará», argumentó. Y es que la postura del ministerio público estaba bajo escrutinio, en especial desde que el presidente del Gobierno acordara con ERC «desjudicializar» la crisis catalana y luego nombrara fiscala general del Estado a su exministra de Justicia, Dolores Delgado.

Habrá que esperar, pues, hasta la recta final del juicio —hay señalamientos hasta el 19 de marzo— para saber si finalmente mantiene la acusación por rebelión o, en línea con la condena del Supremo, la rebaja, con la consiguiente menor pena. Cabe recordar que la diferencia entre ambos delitos es el uso o no de la violencia para quebrar el orden constitucional, en este caso, la unidad de España.

Aunque la Fiscalía considera a Trapero y los demás mandos acusados (el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el ex secretario general de Interior, César Puig) «claves» para llevar a cabo el plan secesionista, no pide para ellos la pena máxima por rebelión (hasta 25 años de cárcel), pues entiende que fueron «subalternos» en dicho plan.

No se enjuicia al cuerpo policial

El ministerio público quiso dejar claro también que el proceso penal no se dirige contra la policía autonómica sino únicamente contra los cuatro acusados: Trapero, Soler, Puig y Teresa Laplana, intendente de los Mossos, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por sedición, por su actuación el 20 de septiembre, ante el cerco a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil. De hecho, la defensa de Laplana, alegando motivos de salud de la acusada —estrés postraumático—, pidió al tribunal permiso para que pueda ausentarse de la vista cuando concluya su declaración. La Sala accedió.

«No es nuestra intención enjuiciar a los Mossos como instituto armado», subrayó el fiscal Pedro Rubira, para añadir que «lo importante» del caso es que «los acusados incumplieron el devenir del poder judicial». Trapero, el primero en declarar, lo negó.